La situación del presupuesto en Nuevo León para el año 2026 ha generado un intenso debate entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad. A pesar de múltiples reuniones y negociaciones, las partes no han logrado llegar a un acuerdo, lo que ha llevado a la reconducción presupuestal, un escenario que se ha vuelto habitual en los últimos años. La entrega del Paquete Fiscal, que tuvo lugar la noche del 20 de noviembre, marcó el inicio de una serie de controversias que han puesto de manifiesto las tensiones políticas y económicas en la región.
El conflicto comenzó el 10 de noviembre, cuando el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores, convocó a los diputados para discutir el proyecto del presupuesto. Desde el inicio, la propuesta generó descontento entre los legisladores, quienes se mostraron preocupados por la inclusión de una deuda de 14 mil millones de pesos para el Gobierno central, así como un incremento en el presupuesto de diversas dependencias y una reducción de recursos para los Poderes y organismos autónomos. La falta de consenso llevó a una serie de negociaciones que no lograron avanzar, ya que el gobernador Samuel García se mantuvo firme en su postura.
### Propuestas Controversiales y Reacciones del Sector Empresarial
Uno de los puntos más polémicos del Paquete Fiscal fue el incremento del Impuesto sobre Nómina (ISN) al cuatro por ciento, así como la ampliación del catálogo de empresas contaminantes y la facultad de la SATNL para revisar empresas. Estas propuestas fueron recibidas con rechazo por parte de la iniciativa privada, que argumentó que tales aumentos impositivos afectarían gravemente la creación de empleos en la región. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció en contra del aumento y anunció que estaba dispuesta a promover amparos para proteger a las empresas afectadas.
Cecilia Carrillo, directora de Coparmex en Nuevo León, expresó su preocupación por las implicaciones del aumento del ISN, señalando que la situación actual ya era adversa para las empresas y que un incremento impositivo podría resultar en la pérdida de miles de puestos de trabajo. Fernando Canales, presidente del Consejo Consultivo de Canaco, también se unió al rechazo, enfatizando que la propuesta del Estado podría tener consecuencias inmediatas y dolorosas para la economía local.
El 11 de diciembre, en un esfuerzo conjunto, diputados, alcaldes e integrantes de la iniciativa privada se manifestaron en contra del aumento al ISN. Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, destacó que el incremento no solo afectaría a las empresas, sino también a la ciudadanía en general, comprometiendo la atracción de inversiones y el bienestar de las familias. Este frente común llevó a que, un día después, el secretario General de Gobierno anunciara la retirada de la propuesta de aumento al ISN, aunque dejó claro que el Estado no cedería ante lo que consideraba chantajes para aprobar el presupuesto.
### La Larga Batalla por el Presupuesto
A pesar de la retirada de la propuesta del ISN, las tensiones continuaron. El 12 de diciembre, la Comisión de Presupuesto del Congreso local planteó rechazar todo lo propuesto por el Estado. El gobernador Samuel García, ante la posibilidad de que el presupuesto no fuera aprobado, advirtió que esto podría interpretarse como un capricho de los diputados, sugiriendo que su administración había hecho esfuerzos significativos para reducir la deuda y mejorar la situación financiera del Estado.
El 15 de diciembre, los alcaldes propusieron aumentar al 25 por ciento las participaciones, lo que generó aún más controversia. Finalmente, el Paquete Fiscal fue modificado y aprobado en el Pleno, aunque con el voto en contra de algunos partidos. A pesar de la aprobación, el Estado decidió suspender la publicación del Periódico Oficial hasta el 6 de enero, lo que generó incertidumbre sobre la implementación del presupuesto.
El 18 de diciembre, el Congreso notificó al Estado sobre la aprobación del Paquete Fiscal, pero el gobernador dejó claro que vetaría cualquier aspecto que no beneficiara a Nuevo León. Esta situación refleja la complejidad del proceso presupuestario en la entidad y la necesidad de un diálogo más efectivo entre los diferentes actores políticos y económicos.
El panorama para el presupuesto de Nuevo León en 2026 sigue siendo incierto, y la falta de consenso entre los poderes del Estado podría tener repercusiones significativas en la economía local y en la calidad de vida de sus habitantes. La situación actual subraya la importancia de un enfoque colaborativo y transparente en la gestión de los recursos públicos, así como la necesidad de considerar las opiniones y preocupaciones de todos los sectores involucrados.
