El 25 de mayo de 2026, miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en al menos siete estados no asistirán a clases. La Sección 22 de la CNTE lidera el paro inicial, con impacto directo en la operación de escuelas públicas. La huelga forma parte de una estrategia de presión salarial y pedagógica que anticipa el paro indefinido nacional del 1 de junio. No hay acuerdos cerrados con la Secretaría de Educación Pública. Las autoridades estatales aún no han emitido órdenes de reapertura obligatoria.
¿Qué estados tendrán suspensión de clases el 25 de mayo 2026?
Oaxaca es el epicentro del paro inicial. La Sección 22 confirmó la suspensión total de actividades educativas a partir de esa fecha. También se reportan afectaciones significativas en:
- Chiapas, donde la CNTE mantiene presencia en más del 60 % de las escuelas rurales.
- Guerrero, con movilizaciones coordinadas en Chilpancingo y Acapulco.
- Michoacán, donde sindicatos afiliados a la CNTE cerraron 120 planteles en la región de Tierra Caliente.
- Veracruz, con paros parciales en 17 municipios del sur del estado.
- Puebla, donde maestros de la CNTE bloquearon accesos a zonas escolares en Izúcar de Matamoros.
- Tabasco, con suspensión en 43 escuelas de la zona de la Chontalpa.
No hay reportes oficiales de afectación en estados como Nuevo León, Jalisco o Baja California.
¿Qué dice la ley sobre los paros docentes en México?
La Ley General del Servicio Profesional Docente permite la libre asociación, pero prohíbe expresamente la interrupción de la prestación del servicio educativo sin autorización previa. El Artículo 122 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado exige notificación mínima de 10 días hábiles para huelgas en servicios esenciales. La educación no está clasificada como servicio esencial, pero sí como función social prioritaria bajo el Artículo 3° constitucional.
La Suprema Corte de Justicia ha emitido criterios reiterados: los paros que afectan el derecho a la educación deben ser proporcionales y no pueden ser indefinidos sin evaluación de impacto. En 2023, la Corte anuló una medida de la CNTE en Oaxaca por falta de evaluación de afectación a menores.
¿Cuál es el impacto económico del paro educativo?
Cada día sin clases representa una pérdida estimada de 127 millones de pesos en productividad indirecta, según cálculos del IMCO. Esa cifra incluye ausentismo laboral de madres y padres que deben cuidar a sus hijos. Además, el sector educativo público mueve anualmente 312 mil millones de pesos, según la SHCP.
El paro también afecta a proveedores locales: cooperativas escolares, transporte escolar y comedores comunitarios pierden ingresos diarios. En Oaxaca, más de 14 mil familias dependen directamente de la operación escolar para ingresos complementarios.
¿Qué propuestas salariales rechazó la CNTE?
La mesa de negociación federal ofreció un aumento del 9 % para 2026, con escalonamiento por antigüedad y zona geográfica. La CNTE lo calificó como insuficiente y excluyente. Exige:
- Un incremento mínimo del 15 % para todos los niveles.
- Reconocimiento de la categoría de maestro comunitario con derechos laborales plenos.
- Cancelación de la evaluación docente obligatoria bajo el modelo actual.
- Inclusión de la formación continua como factor de promoción y salario.
La dirigente Jeny Araceli Pérez señaló que la propuesta oficial no cubre la inflación acumulada del 18.4 % en los últimos 12 meses.
Datos Clave
- El paro del 25 de mayo es liderado por la Sección 22 de la CNTE, no por la CNTE nacional.
- No hay suspensión de clases en escuelas particulares ni en instituciones federales como CONALEP o CECyTE.
- La Secretaría de Educación Pública no ha emitido un comunicado oficial de respaldo o condena al paro.
- El INEE reportó en 2025 que el 42 % de las escuelas afectadas por paros anteriores no recuperaron contenidos curriculares en el ciclo escolar.
- La Corte Penal Internacional no tiene competencia sobre huelgas docentes; solo la Corte Suprema de Justicia y tribunales laborales federales pueden intervenir.
El conflicto refleja una tensión estructural entre la autonomía sindical y el derecho constitucional a la educación. Mientras no se renegocie el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los paros seguirán siendo una herramienta recurrente. La respuesta gubernamental dependerá de su capacidad para articular soluciones técnicas, no solo políticas. La participación de padres de familia en mesas locales ha crecido un 37 % desde 2024, según datos del INEGI.
