El colapso de la Presa de Jales desencadenó un derrumbe en la mina Santa Fe, en Cacalotán, Sinaloa. Cuatro trabajadores quedaron atrapados a más de 300 metros de profundidad. Tras 783 horas de operación, las autoridades confirmaron su localización. Este caso expone fallas estructurales, brechas regulatorias y el alto costo humano de la minería informal en zonas serranas.
¿Qué provocó el derrumbe en la mina Santa Fe?
El desastre se originó por la ruptura de la Presa de Jales, una estructura no regulada que acumulaba aguas pluviales. Su colapso generó una avalancha de lodo y rocas que invadió los túneles inferiores. La mina operaba sin licencia federal vigente, según documentos de la Secretaría de Economía y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).
Falta de evaluación de riesgos geotécnicos
No se realizó estudio de estabilidad de taludes ni monitoreo sísmico continuo. La zona es sísmicamente activa y presenta alta permeabilidad de suelos. Expertos de la UNAM señalan que la presa carecía de sistema de drenaje de emergencia.
¿Quiénes eran los cuatro mineros atrapados?
Todos eran originarios de comunidades rurales de El Rosario y tenían entre 28 y 46 años. Tres contaban con certificación en manejo de explosivos y uno era técnico en ventilación subterránea. Ninguno tenía contrato formal registrado ante la STPS, ni acceso a seguro social.
Trabajo informal y ausencia de capacitación obligatoria
La mina operaba bajo esquema de cooperativa no inscrita. No cumplía con la Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2012, que exige simulacros mensuales y equipos de rescate en sitio. Los mineros no recibían capacitación en protocolos de emergencia minera.
¿Cómo fue el operativo de rescate?
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) coordinó a 389 elementos de 12 entidades. Se usó una motobomba de 10 HP para extraer 120,000 litros de agua acumulada. También se implementó georradar portátil y sensores acústicos para detectar señales vitales.
Colaboración interinstitucional clave
Participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina Armada de México, y equipos especializados de Coahuila y Zacatecas. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) aportó mapas hidrogeológicos actualizados.
¿Qué impacto económico y legal dejó el caso?
La mina Santa Fe generaba 8.2 millones de pesos anuales en producción informal de oro y plata. Su cierre implica una pérdida estimada de 42 empleos directos. Legalmente, el caso activó la Ley General de Protección Civil, pero no se aplicó la Ley Minera en su artículo 41, que obliga a sancionar explotaciones sin autorización ambiental.
Datos Clave
- El derrumbe ocurrió el 25 de marzo de 2024, en la sindicatura de Cacalotán, El Rosario, Sinaloa.
- 21 de 25 trabajadores evacuaron por sus propios medios.
- El rescate duró 783 horas (32 días y 15 horas).
- No se encontró certificado de seguridad industrial vigente en la mina.
- La Presa de Jales no estaba registrada en el Registro Nacional de Presas de CONAGUA.
- La STPS no había realizado inspección en los últimos 18 meses.
El caso Santa Fe evidencia la fragilidad del marco regulatorio en minería de pequeña escala. Revela la falta de coordinación entre autoridades estatales y federales. También pone en evidencia el riesgo sistémico de infraestructuras no reguladas en zonas de alta vulnerabilidad geológica. La Ley General de Cambio Climático y la NOM-032-STPS-2023 exigen ahora evaluaciones obligatorias de riesgo hídrico-minero. Sin embargo, su aplicación sigue siendo esporádica en regiones como la Sierra Madre Occidental.
