La reforma al artículo 73 de la Constitución, aprobada por unanimidad el 14 de abril de 2026, faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Feminicidio en México. Esta norma unifica criterios penales, protocolos de investigación y sanciones en los 32 estados. Elimina las brechas legales que alimentaban la impunidad. Refuerza la debida diligencia y la perspectiva de género en cada etapa del proceso penal. Busca garantizar justicia efectiva para las víctimas y sus familias.
¿Qué implica la reforma constitucional para el feminicidio?
La reforma modifica el artículo 73 para otorgar competencia exclusiva a la Federación en materia de feminicidio. Antes, cada estado aplicaba su propio código penal. Ahora, la Ley General de Feminicidio en México será de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Esto elimina la fragmentación legal que permitía clasificar erróneamente muertes violentas como suicidios o accidentes.
Obligación de investigar desde el primer momento
El Ministerio Público debe iniciar toda investigación de muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio. No puede descartarla sin sustento técnico y con enfoque de género. Esta obligación es vinculante y aplicable en todas las fiscalías estatales y federales.
¿Cómo se homologan las penas y protocolos?
La nueva ley establece un catálogo único de agravantes de feminicidio, como el uso de violencia sexual, la comisión en contexto de violencia familiar o la participación de servidores públicos. También fija mínimos obligatorios de prisión y prohibiciones de libertad condicional. Los protocolos de atención forense y psicosocial serán estandarizados por la Fiscalía General de la República.
Turno continuado en investigaciones
Se implementa el turno continuado para evitar interrupciones en la investigación. Cada fiscalía debe garantizar cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Esto evita la pérdida de evidencia y la dilación injustificada de carpetas de investigación.
¿Qué impacto económico y social tiene la ley?
El costo anual estimado de la violencia contra las mujeres en México supera los 120,000 millones de pesos, según el INEGI. La impunidad en feminicidios genera desconfianza institucional, desincentiva la denuncia y afecta la productividad laboral y educativa de las mujeres. La Ley General de Feminicidio en México impulsa inversión en capacitación técnica, unidades especializadas y sistemas de monitoreo digital. También abre espacio para fondos federales dirigidos a mecanismos de reparación integral del daño.
¿Qué marco legal regula su aplicación?
La reforma constitucional se alinea con la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Además, vincula la ley con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas. Su reglamentación debe cumplir con los estándares de la Corte Suprema de Justicia sobre perspectiva de género y derechos humanos.
Datos Clave
- La reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado el 14 de abril de 2026.
- Se modifica el artículo 73 constitucional para habilitar una ley federal única.
- El Ministerio Público debe investigar toda muerte violenta de mujer como feminicidio desde la primera actuación.
- Se establece turno continuado obligatorio en todas las fiscalías del país.
- La ley incluye mecanismos de reparación integral del daño, no solo sanción penal.
- La homologación elimina diferencias entre los 32 códigos penales estatales y el federal.
La Ley General de Feminicidio en México no es solo una herramienta jurídica. Es un compromiso institucional con la vida de las mujeres. Su implementación exigirá coordinación intergubernamental, presupuesto asignado y evaluación pública trimestral. El reto está en transformar el texto legal en resultados tangibles: menos muertes, más justicia, mayor confianza.
