Durante más de cinco años, las audiencias penales en la Ciudad de México han estado cerradas al público, una medida que se implementó inicialmente como respuesta a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a pesar de que la emergencia sanitaria ha terminado, el acceso a estas audiencias sigue restringido, lo que ha generado un intenso debate sobre la transparencia y la justicia en el sistema judicial de la capital. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la legalidad y la ética de las decisiones tomadas por las autoridades judiciales.
**Restricciones Persistentes en el Poder Judicial**
En marzo de 2020, el Poder Judicial de la Ciudad de México adoptó un “Plan de Contingencia” que suspendió las actividades judiciales y limitó el acceso a las audiencias. Aunque otros estados del país han reanudado sus actividades judiciales con normalidad, en la capital las audiencias siguen siendo privadas, permitiendo solo el ingreso de familiares de los imputados y, en ocasiones, estudiantes de derecho. Esta situación se ha mantenido a pesar de que el gobierno federal declaró el fin de la emergencia sanitaria hace más de dos años.
Recientemente, el Poder Judicial emitió el acuerdo 65-33/2023, que establece recomendaciones en materia de seguridad sanitaria, las cuales continúan limitando el acceso del público a las audiencias. Este documento indica que solo se permitirá la entrada a las instalaciones judiciales a aquellas personas que sean estrictamente necesarias para la diligencia o trámite que requieran. Esta política ha sido criticada por expertos en derecho, quienes argumentan que la restricción del acceso a las audiencias penales es una violación del derecho a la información y a la transparencia.
**Implicaciones Legales y Éticas de la Censura Judicial**
La negativa a permitir el ingreso de periodistas y del público en general a las audiencias penales ha suscitado preocupaciones sobre la falta de transparencia en el sistema judicial. Especialistas en derecho han señalado que esta medida contraviene el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en varios artículos de la Constitución Mexicana. Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C., ha expresado que esta situación favorece a las autoridades al evitar que se expongan malas prácticas dentro del sistema judicial.
Woolrich argumenta que la opacidad en las audiencias penales no solo afecta a los imputados y sus familias, sino que también impide que la sociedad conozca los problemas de corrupción que pueden estar presentes en el sistema judicial. La falta de acceso a la información sobre los procesos judiciales puede llevar a una desconfianza generalizada en la administración de justicia, lo que a su vez puede socavar la legitimidad del sistema judicial en su conjunto.
Por su parte, el abogado penalista Enrique Ostos ha enfatizado que la restricción del acceso a las audiencias penales priva al público de su derecho a estar informado sobre asuntos de relevancia social. La transparencia en el sistema judicial es fundamental para garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos y para mantener la confianza en las instituciones.
**La Resistencia a la Transparencia**
La administración del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, ha sido objeto de críticas por su resistencia a abrir las audiencias al público. Esta negativa ha sido interpretada como un intento de ocultar posibles irregularidades y corrupción dentro del sistema judicial. La falta de acceso a las audiencias no solo afecta a los periodistas y al público, sino que también limita la capacidad de los abogados defensores para llevar a cabo su trabajo de manera efectiva.
La situación actual plantea un dilema ético significativo: ¿hasta qué punto se justifican las restricciones en nombre de la salud pública y la seguridad, y cuándo se convierten en una herramienta para la opacidad y la falta de rendición de cuentas? La respuesta a esta pregunta es crucial para el futuro del sistema judicial en la Ciudad de México y para la protección de los derechos de los ciudadanos.
La falta de acceso a las audiencias penales en la Ciudad de México no solo es un problema legal, sino también un desafío moral. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, y la actual situación pone en riesgo estos principios. A medida que la sociedad demanda mayor justicia y transparencia, será esencial que las autoridades judiciales reconsideren sus políticas y abran las puertas de las audiencias penales al público, garantizando así el derecho a la información y la confianza en el sistema judicial.
