En el Estado de México, un reciente estudio ha puesto de manifiesto una preocupante realidad: uno de cada tres mexiquenses ha pagado una «mordida» en los últimos dos años. Este fenómeno, que se ha normalizado en la sociedad, refleja no solo la corrupción en las instituciones, sino también la falta de acceso a la información pública y la capacitación necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. La investigación, realizada por el Comité de Participación Ciudadana (CPC), se llevó a cabo entre el 10 y el 29 de noviembre del año pasado y abarcó cerca del 70% de los municipios de la entidad, involucrando a 486 participantes que aportaron más de 16,000 datos y 110 propuestas para combatir la corrupción.
La encuesta reveló que el 36.6% de las personas que pagaron sobornos lo hicieron bajo extorsión directa, lo que indica un patrón alarmante de coerción por parte de las autoridades. Además, el costo promedio de estas «mordidas» oscila entre 500 y 1,000 pesos, un impacto significativo en la economía familiar. Este estudio no solo se centra en la cantidad de sobornos, sino que también examina la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción y la transparencia en el Estado de México.
### La Participación Ciudadana y la Lucha contra la Corrupción
Uno de los hallazgos más destacados del estudio es la participación activa de las mujeres en la lucha contra la corrupción, con un 58.5% de representación. Además, los jóvenes, especialmente aquellos entre 18 y 25 años, también muestran un compromiso significativo, con un 40% de participación. Sin embargo, a pesar de este interés, el 37% de la población nunca ha consultado información pública, y seis de cada diez personas encuentran muchas dificultades para acceder a ella. Esta situación pone de relieve la necesidad de una mayor educación y capacitación en el uso de datos abiertos.
El CPC ha enfatizado la importancia de abordar la política anticorrupción desde una perspectiva ciudadana, no solo técnica. La encuesta incluyó a una variedad de participantes, desde estudiantes hasta servidores públicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil, lo que permitió obtener una visión más completa de la situación. Los resultados se presentaron en la primera sesión del CPC, donde se acordó llevar la información a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, asegurando que las voces de los ciudadanos sean escuchadas y consideradas en la formulación de políticas.
La población mexiquense ha expresado su deseo de ver resultados visibles en materia de transparencia. Exigen información en tiempo real sobre el desempeño de los servidores públicos, avances en obras públicas, y un seguimiento claro de denuncias y presupuestos. Sin embargo, también se observa un marcado miedo a denunciar, lo que lleva a muchos a solicitar la posibilidad de hacerlo de manera anónima. Este temor se traduce en una falta de confianza en las instituciones, lo que perpetúa el ciclo de corrupción.
### La Percepción de la Corrupción y su Impacto
El estudio también revela que el 67.6% de los encuestados considera que las personas corruptas en el servicio público deberían ser inhabilitadas de manera permanente, mientras que el 60% aboga por su despido inmediato. Sin embargo, solo el 16.1% de los participantes conoce la existencia de códigos de ética, lo que indica una falta de información sobre las normativas que rigen el comportamiento de los servidores públicos.
La investigación identificó los trámites más riesgosos en términos de corrupción, destacando las multas de tránsito (56%), los trámites vehiculares, y los permisos de negocios como los más problemáticos. Esta percepción de opacidad en los trámites gubernamentales contribuye a la normalización de las «mordidas» en la sociedad. Un 12% de los encuestados considera que los trámites en el Estado de México son opacos, lo que refuerza la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas.
El estudio concluye que la corrupción no solo afecta la economía de las familias, sino que también socava la confianza en las instituciones y en el sistema democrático. Para abordar esta problemática, el CPC ha propuesto la implementación de programas de integridad en diversas instituciones educativas, desde la infancia hasta la universidad, con el objetivo de fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad desde una edad temprana.
La lucha contra la corrupción en el Estado de México es un desafío que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Desde la educación y la capacitación hasta la implementación de políticas públicas efectivas, es fundamental que los ciudadanos se involucren en el proceso de cambio. Solo así se podrá construir un futuro más transparente y justo para todos los mexiquenses.
