Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, asesinado durante el Festival de las Velas el 1 de noviembre, denunció públicamente que el exedil Ignacio Campos no acudió a la Fiscalía General de Michoacán, pese a estar citado para declarar. La investigación avanza con retraso. La falta de comparecencia afecta la transparencia del caso. La ciudadanía exige respuestas claras y prontas. El crimen ocurrió en un evento masivo con fallas graves en seguridad pública.
¿Por qué la inasistencia de Ignacio Campos genera alarma?
La citación fue formal y con fecha específica. No hubo justificación oficial de su ausencia. Esa omisión viola el principio de colaboración con la justicia. En Michoacán, los casos de violencia política suelen enfrentar obstáculos procesales. La Fiscalía tiene facultades para emitir órdenes de comparecencia obligatoria. La falta de respuesta del exfuncionario alimenta sospechas sobre su posible conocimiento de fallas estructurales en la seguridad del evento.
El contexto de inseguridad en Uruapan
Uruapan registra un aumento del 22% en homicidios dolosos en 2024, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Festival de las Velas concentra más de 150,000 personas anualmente. La coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales fue insuficiente. No hubo protocolo de alerta temprana ni despliegue preventivo de fuerzas especiales.
¿Qué implica la denuncia de Grecia Quiroz desde el marco legal?
La Ley de Víctimas de Michoacán establece el derecho a la verdad, justicia y reparación integral. La incomparecencia de un exfuncionario puede ser calificada como obstrucción a la justicia, según el Artículo 372 del Código Penal Estatal. El Ministerio Público puede solicitar medidas coercitivas, incluida la citación con comparecencia forzosa. Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales exige que los servidores públicos colaboren de forma inmediata y veraz.
Responsabilidad política y administrativa
Ignacio Campos fue alcalde durante 2021–2024. La seguridad en eventos masivos es competencia municipal. Su ausencia no solo es un acto procesal: es una señal de desapego institucional. La Contraloría Estatal podría abrir una investigación por presunta negligencia en la asignación de recursos para seguridad pública.
¿Cómo afecta este caso al tejido social y económico de Uruapan?
El turismo representa el 38% del PIB municipal. El Festival de las Velas genera más de 120 millones de pesos anuales en ingresos directos. Tras el asesinato, la ocupación hotelera cayó un 65% en noviembre. Pequeños comerciantes reportaron pérdidas superiores al 70%. La confianza ciudadana en las autoridades locales se erosionó. Empresas de seguridad privada reportaron un aumento del 40% en solicitudes de servicios para eventos culturales.
Datos Clave
- Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2024 durante el Festival de las Velas.
- Ignacio Campos fue citado formalmente por la Fiscalía General de Michoacán y no acudió.
- Grecia Quiroz es alcaldesa en funciones y presidenta del Comité Municipal de Seguridad Pública.
- El caso activó la Ley General de Víctimas y el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas.
- La Procuraduría de Derechos Humanos de Michoacán inició seguimiento especial al caso.
¿Qué dice la postura de Grecia Quiroz sobre la protección gubernamental?
Quiroz cuestionó públicamente la disparidad en la protección oficial. Comparó la seguridad brindada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, con la ausencia de custodia para su esposo. Subrayó que Carlos Manzo pertenecía a un movimiento ciudadano, no a una estructura partidista. Esa condición, según ella, explicaría la indiferencia institucional. Su mensaje no es solo personal: es una crítica al sistema de priorización política en la asignación de recursos de seguridad.
El costo de la impunidad estructural
En Michoacán, el 89% de los homicidios relacionados con actividades culturales o comunitarias quedan impunes, según el Observatorio Nacional Ciudadano. La falta de rendición de cuentas de exfuncionarios refuerza la percepción de impunidad. Esto desincentiva la participación ciudadana en espacios públicos. También afecta la inversión en infraestructura cultural y la reactivación del turismo sostenible.
