La violencia política en México ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos meses, con un incremento notable en los asesinatos de figuras políticas. Este fenómeno no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que también tiene repercusiones profundas en la democracia y la estabilidad social del país. Recientemente, varios exfuncionarios han sido asesinados, lo que ha generado preocupación y un llamado a la acción por parte de diversos sectores de la sociedad.
**Un Contexto de Inseguridad**
El pasado 14 de mayo de 2025, se reportaron múltiples asesinatos de exfuncionarios en diferentes estados de México. En Veracruz, el exalcalde Esteban Alfonseca y el exregidor Edmundo Martínez fueron atacados a tiros mientras se dirigían a un evento de campaña. Este ataque se suma a una serie de incidentes violentos que han cobrado la vida de al menos siete candidatos y políticos desde diciembre de 2024, según datos de Integralia. La situación es aún más preocupante si se considera que cuatro políticos han sido amenazados, tres han sido secuestrados y uno se encuentra desaparecido.
La violencia política no es un fenómeno nuevo en México, pero su reciente escalada ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de las autoridades en la protección de los candidatos y en la prevención de estos crímenes. El diputado local Héctor Yunes Landa ha denunciado la parálisis de las autoridades estatales para abordar la inseguridad, lo que ha dejado a los políticos y a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad.
**Asesinatos que Sacuden a la Opinión Pública**
El asesinato de Luis Armando Córdova, un exdiputado priista, en Zapopan, es otro ejemplo del clima de violencia que se vive en el país. Córdova fue atacado a quemarropa en una cafetería, lo que ha generado un fuerte impacto en la opinión pública. Las investigaciones iniciales apuntan a que al menos dos individuos fueron responsables del ataque, quienes huyeron en motocicleta. Este tipo de crímenes no solo afecta a las víctimas, sino que también siembra el miedo entre los políticos y la población en general, lo que puede llevar a una disminución en la participación electoral y en la actividad política.
El caso de Gerardo Leobardo Santos López, un excandidato a presidente municipal en Oaxaca, también resalta la gravedad de la situación. Santos fue asesinado tras un altercado en una cantina, y su muerte ha sido condenada por el PRD, que ha señalado que este crimen representa un ataque directo a la democracia y a los principios que defiende el partido. La violencia contra figuras políticas no solo es un ataque a individuos, sino que también es un ataque a la estructura misma de la democracia.
**Impacto en la Democracia y la Participación Ciudadana**
La creciente violencia política en México plantea serias preguntas sobre el futuro de la democracia en el país. La inseguridad y el miedo a represalias pueden desincentivar a los ciudadanos a participar en procesos electorales, lo que a su vez puede llevar a una menor representación y a una erosión de la confianza en las instituciones. La falta de seguridad para los candidatos y políticos puede resultar en un círculo vicioso donde la violencia se convierte en un medio para silenciar voces disidentes y mantener el control político.
Además, la percepción de impunidad en estos crímenes puede llevar a un aumento en la violencia, ya que los perpetradores pueden sentirse alentados a actuar sin temor a ser castigados. Esto crea un ambiente donde la violencia se normaliza y se convierte en una herramienta política.
**Llamado a la Acción**
Es imperativo que las autoridades tomen medidas efectivas para abordar esta crisis de violencia política. Esto incluye no solo la protección de los candidatos y figuras políticas, sino también un enfoque más amplio en la seguridad pública y la justicia. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil, es crucial para crear un entorno seguro donde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos democráticos sin temor.
La violencia política en México es un problema complejo que requiere una respuesta integral. La protección de los derechos de los políticos y la promoción de un ambiente seguro para la participación ciudadana son esenciales para el fortalecimiento de la democracia en el país. La sociedad civil, los partidos políticos y las autoridades deben trabajar juntos para erradicar la violencia y asegurar que todos los ciudadanos puedan participar en el proceso democrático sin miedo a represalias.
