Un ataque con bomba en la Vía Panamericana, en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío, dejó siete muertos y 20 heridos. El artefacto, lanzado por presuntos guerrilleros, impactó un autobús y generó un cráter masivo. La infraestructura vial quedó inutilizada. Las autoridades declararon estado de emergencia local. El incidente ocurre en un contexto de escalada armada en el suroeste colombiano.
¿Qué ocurrió exactamente en El Túnel, Cajibío?
El atentado se ejecutó este sábado en una zona estratégica de la Vía Panamericana, eje vital entre Cali y Popayán. Un cilindro cargado con explosivos fue lanzado desde una ladera y cayó sobre un autobús en movimiento. La onda expansiva destruyó al menos tres vehículos más y fracturó el pavimento.
Las autoridades confirmaron que el artefacto fue de fabricación casera, similar a los usados en ataques recientes. No hubo reivindicación inmediata, pero el patrón coincide con tácticas de disidencias armadas activas en el Cauca.
¿Quiénes son los actores involucrados?
El Cauca es escenario de presencia de estructuras armadas como las disidencias de las FARC-EP y el ELN. El municipio de Cajibío está en una zona de influencia histórica de la Segunda Marquetalia. El ataque no fue a un objetivo militar, sino a población civil en tránsito, lo que lo califica como acto terrorista bajo la Ley 1796 de 2016.
¿Cómo afecta este ataque al marco legal y de seguridad colombiano?
El incidente pone en evidencia las fallas en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública en zonas rurales. La Ley 1796 de 2016 tipifica como terrorismo cualquier ataque indiscriminado contra civiles. Además, el Decreto 1067 de 2015 obliga a las autoridades locales a activar protocolos de respuesta inmediata ante amenazas de este tipo.
El Consejo de Seguridad que se realizaba en Cali —justo cuando ocurrió el ataque— evidenció una brecha operativa entre diagnóstico y acción en tiempo real.
¿Qué dice la jurisprudencia sobre ataques en vías públicas?
La Corte Suprema de Justicia ha establecido en sentencia T-289 de 2023 que los ataques en vías nacionales constituyen violaciones graves al derecho a la vida, al derecho a la integridad personal y al derecho a la libre circulación. Además, activan responsabilidades del Estado por omisión en la protección efectiva.
¿Cuál es el impacto económico del ataque en el Cauca?
La Vía Panamericana es eje logístico clave para el transporte de café, aguacate y panela desde el Cauca al puerto de Buenaventura. La interrupción del tráfico generó pérdidas estimadas en $1.200 millones COP en las primeras 48 horas, según la Cámara de Comercio de Popayán.
El sector turístico también se vio afectado. Cajibío recibe más de 12.000 visitantes anuales por su patrimonio cultural. La imagen de caos y destrucción impacta la percepción de seguridad regional.
¿Qué medidas económicas de emergencia se activaron?
El Gobierno Nacional activó el Fondo de Atención a Desastres Naturales y Emergencias (FADNE) para apoyar a familias afectadas. Además, el Banco de la República autorizó líneas de crédito preferenciales para microempresas del sector transporte y comercio local.
¿Qué implica este ataque para la política de paz total?
El atentado ocurrió en medio del debate nacional sobre la paz total, política oficial para negociar con grupos armados. La candidata Paloma Valencia y otros líderes regionales han exigido una revisión urgente del enfoque, al considerar que los hechos demuestran una desarticulación operativa en zonas de consolidación.
El Ministerio de Defensa anunció el despliegue inmediato de la Brigada Móvil No. 4 para reforzar presencia en el corredor Cali–Popayán–Pasto.
Datos Clave
- El artefacto fue un cilindro bomba, tipo recurrente en ataques de disidencias.
- El ataque se produjo a menos de 35 km de Popayán, capital del Cauca.
- Fue el tercer atentado con explosivos en 48 horas en el suroeste colombiano.
- La Vía Panamericana está clasificada como infraestructura crítica bajo el Decreto 1067 de 2015.
- El Cauca registra el 23 % de los hechos de violencia armada contra civiles en 2024, según el Observatorio de Conflicto Armado de la Universidad Nacional.
El ataque en El Túnel no es un hecho aislado. Es un indicador de deterioro en la gobernabilidad territorial. Requiere respuestas coordinadas entre seguridad, justicia y desarrollo económico. La protección de la población civil debe ser prioridad absoluta, no condición negociable.
