El asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, y del exsecretario de Gobierno Fabián Cardona en Cubarral (Meta), evidencia una escalada peligrosa de violencia política a solo 15 días de las elecciones del 31 de mayo. El crimen ocurrió la noche del viernes, tras su regreso de Villavicencio con material proselitista. No hay detenidos ni hipótesis oficiales confirmadas. Las autoridades locales y la Fiscalía General de la Nación investigan bajo la figura de homicidio agravado por motivación política.
¿Qué implica el asesinato de un coordinador de campaña en plena contienda electoral?
Este hecho no es aislado. Según la Defensoría del Pueblo, 122 líderes políticos han sido asesinados en Colombia desde enero de 2025. El 43 % de esos crímenes ocurrieron en zonas con presencia de grupos armados ilegales como el ELN, disidencias de las FARC y estructuras narcoparamilitares.
Devia, exalcalde de Cubarral (2020–2023), representaba una figura de puerta a puerta: conocida, accesible y con arraigo territorial. Su muerte afecta directamente la capacidad de movilización del movimiento Defensores de la Patria, especialmente en el eje cafetero y llanero.
El vacío institucional en zonas de fragilidad estatal
Cubarral está ubicado en una zona de alta presión de narcotráfico transnacional y minería ilegal. Allí, el Estado tiene presencia limitada. Las estaciones de Policía operan con menos del 60 % de su dotación reglamentaria. No hay fiscalía móvil permanente. Esa ausencia facilita la impunidad.
¿Por qué el candidato De la Espriella habla de narcoterrorismo?
Abelardo de la Espriella calificó el crimen como acto de narcoterrorismo, término con peso jurídico en la Ley 1708 de 2014. Esta figura aplica cuando actos violentos buscan intimidar a la sociedad o coaccionar al Estado, y están financiados o ejecutados por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
La Fiscalía ya abrió investigación por conspiración para delinquir y financiación ilícita de campañas, tras hallar indicios de presión financiera sobre estructuras locales. No hay pruebas directas contra candidatos, pero sí rastros de injerencia de redes de lavado de activos en contratación de logística electoral.
La instrumentalización del discurso de seguridad
El uso del término narcoterrorismo responde también a una estrategia comunicacional. En las últimas tres encuestas, De la Espriella subió 7 puntos tras vincular su discurso a la lucha frontal contra el crimen organizado. Ese enfoque le ha dado ventaja en departamentos como Meta, Caquetá y Guaviare.
¿Cómo afecta este crimen la confianza electoral y la inversión regional?
El asesinato impacta directamente la confianza inversora. El Meta es el segundo departamento con mayor producción de arroz y ganado bovino en Colombia. Empresas agroindustriales reportan retrasos en licencias ambientales y contratos de transporte por inseguridad vial. El Banco de la República advirtió que la violencia electoral reduce la inversión privada en zonas rurales hasta en un 18 % en años electorales.
El costo económico de la impunidad
Cada asesinato de líder local genera pérdidas estimadas de USD 2,4 millones en desarrollo local, según el Departamento Nacional de Planeación. Esa cifra incluye caída de recaudo municipal, deserción escolar y migración forzada de familias productivas.
¿Qué dice el marco legal sobre protección de candidatos?
La Ley Estatutaria 1475 de 2011 establece mecanismos de protección para candidatos en riesgo. Pero su aplicación es desigual: solo el 22 % de los solicitantes en zonas rurales reciben escolta efectiva. El 78 % restante depende de medidas colectivas como cámaras de vigilancia o alertas tempranas —sin garantía de respuesta inmediata.
Datos Clave
- El Meta registró 37 homicidios de líderes sociales y políticos en 2025, el 12 % del total nacional.
- Defensores de la Patria es el segundo movimiento con más denuncias de amenazas ante la Unidad de Protección de Víctimas.
- La Fiscalía tiene abiertas 14 investigaciones paralelas por presunta infiltración de grupos armados en logística electoral.
- El 64 % de los coordinadores municipales de campaña en zonas rurales no cuentan con escolta armada certificada.
- Colombia ocupa el puesto 122 de 180 en el Índice Mundial de Impunidad de la ONG Impunity Watch.
El crimen en Cubarral no es un hecho aislado. Es un síntoma de la fragilidad institucional, la presión de redes de crimen organizado transnacional, y la brecha entre norma y aplicación en materia de protección política. Sin una respuesta coordinada entre Fiscalía, Policía Nacional y autoridades locales, los próximos 15 días podrían intensificar la desconfianza ciudadana y erosionar la legitimidad del proceso electoral.
