El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ha revelado que un total de 1,703.6 millones de pesos están pendientes de pago por parte de diversos municipios y entidades fiscalizadas. Esta situación se deriva de 319 Procedimientos Administrativos de Ejecución (PAE) que se han instaurado contra funcionarios de administraciones municipales anteriores, quienes deben restituir estos recursos al erario público. Algunos de estos casos datan de hace más de 20 años, lo que pone de manifiesto la gravedad y la persistencia del problema.
### La Naturaleza de los Procedimientos Administrativos de Ejecución
Los Procedimientos Administrativos de Ejecución son mecanismos legales que permiten al OSFEM recuperar recursos que han sido mal administrados o que no han sido devueltos al erario. Según la normativa vigente, el objetivo principal de un PAE es restituir los daños o perjuicios causados al erario estatal o municipal. Esto se logra mediante el cobro de créditos fiscales que deben ser gestionados por los tesoreros o sus equivalentes en las entidades afectadas.
Una vez que se han determinado las irregularidades y se ha señalado la cantidad que debe ser devuelta, los responsables tienen un plazo para cumplir con el pago. Si no lo hacen, se constituyen créditos fiscales que pueden ser cobrados a través del Programa Administrativo de Ejecución. Desde 2020, el OSFEM ha intensificado sus esfuerzos para asegurar que los tesoreros sigan de cerca estos programas y garanticen que los recursos públicos sean reintegrados en beneficio de la población mexiquense.
### Municipios con Deudas Significativas
Entre los municipios que enfrentan mayores montos pendientes de pago, Naucalpan se destaca con una deuda de 310 millones de pesos, que incluye un caso relacionado con el organismo de agua. En segundo lugar se encuentra Zinacantepec, que debe 305.7 millones de pesos a causa de seis procedimientos por daño a la hacienda pública, correspondientes a ejercicios fiscales de 2004 a 2012. Sultepec ocupa el tercer lugar con una deuda de 154.9 millones de pesos.
Otros municipios que también tienen montos significativos pendientes son: Capulhuac (83.6 millones), Amatepec (66.1 millones), Chalco (61.4 millones) y La Paz (51.9 millones). Además, hay casos de Tejupilco, Xalatlaco, Ixtapan del Oro, Teoloyucan, Xonacatlán, Teotihuacán, Donato Guerra, San José del Rincón, Valle de Bravo, Tezoyuca y Santo Tomás, entre otros. Todos estos municipios tienen más de un procedimiento en su contra, lo que indica un patrón de irregularidades en la gestión de recursos públicos.
La situación es alarmante, ya que la falta de cumplimiento en el pago de estas deudas no solo afecta a las arcas municipales, sino que también repercute en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. La recuperación de estos recursos es crucial para mejorar la infraestructura y los servicios en estas localidades, que a menudo enfrentan problemas de financiamiento.
### Implicaciones Legales y Administrativas
El OSFEM tiene la responsabilidad de revisar y fiscalizar los recursos públicos tanto estatales como municipales. Cuando se detectan irregularidades, se pueden iniciar Procedimientos Administrativos Resarcitorios, conforme a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Estas leyes, vigentes desde julio de 2017, establecen que si los créditos no se cubren en los plazos estipulados, su cobro se llevará a cabo a través de un procedimiento administrativo de ejecución.
Las responsabilidades administrativas resarcitorias tienen como objetivo reparar, indemnizar o resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública, así como al patrimonio de los organismos auxiliares y fideicomisos públicos. Esto significa que los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones pueden enfrentar sanciones severas, que van desde multas hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La falta de acción por parte de los municipios para saldar estas deudas plantea serias preguntas sobre la gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas. La ciudadanía tiene el derecho de exigir transparencia y eficiencia en el uso de los recursos que pertenecen a todos. La recuperación de estos fondos es esencial no solo para la salud financiera de los municipios, sino también para la confianza de la población en sus instituciones.
La situación actual en el Estado de México es un claro recordatorio de la importancia de la fiscalización y la responsabilidad en la administración pública. A medida que el OSFEM continúa su labor de supervisión, será fundamental que los municipios y sus funcionarios asuman la responsabilidad de sus acciones y trabajen para restituir los recursos que han sido mal administrados.
