La Comisión de Presupuesto del Congreso de Nuevo León ha comenzado el análisis del Paquete Fiscal 2026, un proceso que se intensifica a medida que se acerca el cierre del periodo de sesiones. Este análisis es crucial, ya que se espera que los diputados discutan varias propuestas significativas que impactarán la economía local y la gestión de recursos públicos. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la discusión sobre el incremento del Impuesto sobre Nómina (ISN) y la solicitud de financiamiento para Agua y Drenaje de Monterrey.
La reunión de la Comisión de Presupuesto se llevó a cabo a las 10:00 horas, justo después de una breve sesión extraordinaria en el Pleno que concluyó rápidamente. Durante esta reunión, se abordaron temas críticos como la propuesta de aumentar el ISN al 4%, una medida que ha generado controversia entre los sectores productivos de la región. La Cámara de Comercio de Nuevo León (Canaco) ha expresado su preocupación, argumentando que un aumento en este impuesto podría resultar oneroso para las empresas locales, afectando su capacidad de crecimiento y generación de empleo.
### Propuestas de Aumento y Rechazos en el Presupuesto
Además del debate sobre el ISN, los alcaldes metropolitanos han presentado una iniciativa para aumentar las participaciones municipales al 25%. Esta propuesta busca asegurar un ingreso adicional de 2 mil 500 millones de pesos para los municipios, lo que podría ser vital para el desarrollo local. Sin embargo, la Comisión de Presupuesto ha incluido este tema en su agenda de discusión, lo que indica que habrá un análisis exhaustivo antes de tomar una decisión.
Otro punto importante en la agenda es la solicitud de Agua y Drenaje de Monterrey, que ha pedido un financiamiento de 2 mil 262 millones de pesos. Sin embargo, se ha propuesto que no se apruebe ninguna deuda para este organismo, lo que podría complicar su operatividad y la prestación de servicios esenciales a la población. Esta decisión refleja un enfoque más conservador en la gestión de la deuda pública, buscando evitar compromisos financieros que puedan afectar las finanzas del estado a largo plazo.
El presupuesto total propuesto para el año 2026 asciende a 160 mil 952 millones de pesos, lo que representa un 3% menos de lo que había solicitado el gobierno estatal. Este recorte presupuestario podría tener implicaciones significativas en la ejecución de proyectos y programas sociales, así como en la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de la población.
### Distribución del Presupuesto y Organismos Beneficiados
Dentro del Paquete Fiscal 2026, se han asignado recursos específicos para diversos organismos y poderes del estado. Por ejemplo, se destinarán 574 millones de pesos al Congreso, 616 millones a la Auditoría Superior del Estado (ASE), y 4 mil 207 millones 500 mil pesos al Poder Judicial. La Fiscalía General recibirá 5 mil 709 millones 295 mil 751 pesos, mientras que el Instituto Estatal de Transparencia contará con 234 millones 473 mil 848 pesos, a pesar de que este último no estaba contemplado en el presupuesto inicial del estado.
Además, se ha creado una bolsa de 228 millones 904 mil pesos para organizaciones de la sociedad civil, lo que podría fortalecer la participación ciudadana y la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos. Sin embargo, la falta de financiamiento para el Instituto Estatal de Transparencia plantea interrogantes sobre el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas.
Es importante destacar que el presupuesto de ingresos y la solicitud de deuda del municipio de Monterrey han sido turnados a la Comisión Primera de Hacienda para su análisis separado. Esto sugiere que el Congreso está tomando un enfoque más detallado y cuidadoso en la evaluación de las necesidades financieras de los municipios, lo que podría resultar en decisiones más informadas y responsables.
El análisis del Paquete Fiscal 2026 en Nuevo León es un proceso que involucra múltiples actores y perspectivas. A medida que avanza la discusión, será fundamental que los diputados consideren no solo las necesidades inmediatas de financiamiento, sino también las implicaciones a largo plazo de sus decisiones. La gestión responsable de los recursos públicos es esencial para garantizar el desarrollo sostenible de la región y el bienestar de sus habitantes.
