La gestión de recursos destinados a la atención de desastres naturales en México ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, especialmente en lo que respecta al manejo de fideicomisos públicos. Raquel Buenrostro Sánchez, actual secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, ha expuesto la falta de transparencia y supervisión en el uso de estos fondos, particularmente antes del año 2000. En una reciente entrevista, Buenrostro destacó que no existía un registro adecuado de los fideicomisos públicos, lo que facilitaba el desvío de recursos sin la debida rendición de cuentas.
### La Falta de Supervisión Histórica
Según Buenrostro, la ausencia de un seguimiento riguroso de los recursos asignados a los fideicomisos ha permitido que se produzcan irregularidades significativas. «Por mucho tiempo no se tuvo ningún registro de fideicomisos, se puede revisar cualquier cuenta pública previo al 2000 y no existe registro de fideicomisos públicos», afirmó. Esta falta de documentación y control ha sido una invitación al mal uso de los fondos, ya que no había mecanismos de supervisión que garantizaran la correcta utilización de los recursos destinados a la atención de desastres.
La secretaria también mencionó que los montos destinados a los fideicomisos variaban considerablemente dependiendo de la magnitud del desastre. En algunos casos, se asignaron hasta 40 mil millones de pesos, mientras que en otros, la cifra fue tan baja como 500 millones de pesos. Esta disparidad en la asignación de recursos plantea interrogantes sobre la equidad y la eficiencia en la distribución de ayuda durante situaciones críticas.
### Limitaciones en la Acción Legal
Un aspecto preocupante que Buenrostro destacó es la limitación en las acciones legales que se pueden emprender en relación con los desvíos de recursos. La secretaria indicó que no se podrá proceder legalmente en los casos que superen los cinco años de antigüedad. Esto significa que muchos de los casos de corrupción y mal manejo de fondos podrían quedar impunes debido a la falta de documentación y la posible destrucción de archivos antiguos. «Posiblemente los archivos ya no existan y se hayan mandado a destrucción por los años», comentó, subrayando la dificultad de rastrear irregularidades pasadas.
La situación se complica aún más por el hecho de que, en muchos casos, los registros de los fideicomisos no se conservan por el tiempo necesario para permitir una investigación exhaustiva. Esto plantea un desafío significativo para las autoridades que buscan hacer justicia y recuperar los fondos desviados. La falta de obligación de conservar documentos por más de cinco años dificulta la posibilidad de llevar a cabo auditorías efectivas y de identificar a los responsables de los desvíos.
### La Ineficiencia del FONDEN
Raquel Buenrostro también se refirió a la ineficiencia del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), calificándolo como un sistema costoso y corrupto. Según sus declaraciones, «casi siempre había faltantes», lo que sugiere que los recursos no solo eran mal administrados, sino que también se perdían en el proceso. Esta situación ha llevado a un llamado a la reforma en la gestión de los recursos destinados a la atención de desastres, con el objetivo de garantizar que la ayuda llegue efectivamente a quienes la necesitan.
La crítica a la administración del FONDEN no es nueva, pero las revelaciones de Buenrostro han puesto de relieve la urgencia de implementar cambios significativos en la forma en que se manejan estos fondos. La falta de transparencia y la posibilidad de corrupción han llevado a una desconfianza generalizada en el sistema, lo que podría afectar la disposición de los ciudadanos a confiar en las instituciones encargadas de gestionar la ayuda en situaciones de emergencia.
### Implicaciones para el Futuro
Las declaraciones de Raquel Buenrostro han abierto un debate sobre la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a la atención de desastres. La implementación de un sistema más riguroso de supervisión y control podría no solo prevenir el desvío de fondos, sino también restaurar la confianza del público en las instituciones encargadas de gestionar la ayuda humanitaria.
El futuro de la gestión de desastres en México dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para abordar estas preocupaciones y establecer un marco que garantice la correcta utilización de los recursos. La lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia son pasos esenciales para asegurar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan, especialmente en momentos de crisis.
