La figura del fuero constitucional ha sido un tema de debate en el ámbito político de México, y Puebla no es la excepción. Recientemente, el gobernador Alejandro Armenta Mier ha dejado claro que no se contempla la restitución del fuero para los diputados locales, a pesar de haber mostrado previamente su apoyo a esta medida. En una entrevista, Armenta afirmó que acatará las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se ha manifestado en contra de esta figura legal. Esta decisión se enmarca en un contexto donde la política nacional busca una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.
La postura del gobernador es clara: «En lo personal, por haber sido legislador, apoyaba la iniciativa de regresar el fuero al Congreso, pero vivimos tiempos distintos y nosotros apoyaremos la iniciativa de mantener sin fuero». Esta declaración refleja un cambio en la percepción sobre el fuero, que tradicionalmente ha sido visto como una herramienta de protección para los legisladores, pero que en ocasiones ha sido mal utilizado para evadir la justicia.
### La Relevancia del Fuero Constitucional
El fuero constitucional es una figura que otorga inmunidad a los legisladores en el ejercicio de sus funciones, protegiéndolos de ser procesados penalmente por sus opiniones o decisiones políticas. Sin embargo, esta protección ha sido objeto de críticas, ya que en muchos casos ha permitido que funcionarios involucrados en actos de corrupción o delitos graves evadan la justicia. Armenta ha reconocido que, aunque los legisladores necesitan mecanismos de protección, el fuero no debe convertirse en un escudo para delinquir.
Desde 2020, bajo la administración de Miguel Barbosa Huerta, Puebla ha estado sin fuero, una decisión que Armenta ha decidido mantener. «Lo que hay que hacer es apegarnos a la ley y portarnos bien», enfatizó el gobernador, subrayando la importancia de la legalidad y la ética en la política. Esta postura se alinea con la tendencia nacional que busca eliminar privilegios que puedan comprometer la integridad de los funcionarios públicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido una voz activa en este debate, anunciando su intención de enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para eliminar el fuero constitucional a los legisladores federales. En su opinión, esta práctica es obsoleta y debe ser revisada para adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad. La respuesta de los legisladores en Puebla ha sido cautelosa; Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, ha indicado que la propuesta está en análisis y que esperan directrices desde Palacio Nacional.
### Implicaciones para la Democracia y la Gobernanza
La eliminación del fuero constitucional podría tener profundas implicaciones para la democracia y la gobernanza en Puebla y en todo México. Por un lado, podría fomentar una mayor responsabilidad entre los legisladores, quienes tendrían que rendir cuentas por sus acciones sin la protección del fuero. Esto podría resultar en un aumento de la confianza pública en las instituciones, ya que los ciudadanos verían que sus representantes son responsables de sus actos.
Por otro lado, la eliminación del fuero también plantea desafíos. Algunos críticos argumentan que sin esta protección, los legisladores podrían ser objeto de persecuciones políticas o represalias por sus decisiones. La línea entre la responsabilidad y la persecución puede ser delgada, y es crucial que se establezcan mecanismos adecuados para proteger a los legisladores de abusos de poder.
La discusión sobre el fuero constitucional en Puebla es parte de un debate más amplio sobre la reforma política en México. A medida que el país avanza hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas, es probable que se sigan presentando propuestas para modificar o eliminar figuras legales que han sido objeto de controversia. La postura de Armenta y Sheinbaum podría ser un indicativo de un cambio en la cultura política, donde la ética y la legalidad prevalezcan sobre los intereses personales o partidistas.
En este contexto, la ciudadanía juega un papel fundamental. La participación activa de los ciudadanos en el proceso político, así como su capacidad para exigir rendición de cuentas, será crucial para garantizar que cualquier cambio en la legislación se traduzca en beneficios reales para la sociedad. La vigilancia ciudadana y el compromiso con la democracia son esenciales para construir un sistema político más justo y equitativo, donde todos los actores, incluidos los legisladores, sean responsables de sus acciones.
