Recientemente, el Senado de la República ha dado un paso significativo al turnar a comisiones dos iniciativas clave que buscan reformar la Ley de Amparo y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Estas propuestas, presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, tienen como objetivo fortalecer el marco legal en México, promoviendo la defensa de los derechos humanos y la innovación tecnológica.
### Fortalecimiento del Juicio de Amparo
La iniciativa sobre la Ley de Amparo se centra en consolidar este recurso como un medio efectivo para la defensa de los derechos humanos y el control legal y constitucional. Uno de los puntos más destacados de esta propuesta es la improcedencia de la suspensión en casos que lesionen el interés social o que involucren disposiciones de orden público en materia administrativa. Esto busca evitar que se realicen actividades ilícitas que puedan perjudicar a la sociedad.
Además, se establece que la suspensión no podrá concederse si permite la continuación de actos relacionados con el lavado de dinero o que obstaculicen las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta medida es crucial para fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la investigación y contención de recursos de origen ilícito, así como para mitigar los efectos económicos negativos que esto puede tener sobre el erario público.
La iniciativa también aborda el tema del cobro de créditos fiscales firmes, proponiendo que las impugnaciones no generen dilaciones innecesarias que afecten la recaudación fiscal. En este sentido, se busca armonizar la Ley de Amparo con otros instrumentos legales, como el Código Fiscal de la Federación. Se plantea la improcedencia del recurso de revocación contra actos de procedimiento administrativo de ejecución respecto a créditos fiscales firmes, lo que facilitaría el cobro eficaz de estos créditos y, por ende, el financiamiento de servicios públicos.
Otro aspecto relevante de la reforma es la introducción del juicio de amparo digital, que moderniza el proceso y lo hace más accesible. Esto es un paso importante hacia la digitalización del sistema judicial en México, permitiendo una mayor agilidad en los trámites y una mejor atención a los ciudadanos.
### Innovación y Protección de la Propiedad Industrial
Por otro lado, la iniciativa sobre la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo científico y tecnológico en el país. Se busca promover la transferencia de tecnología y acelerar el proceso de otorgamiento de patentes, lo que es fundamental para posicionar a México como una nación competitiva a nivel mundial.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra la incorporación de la “solicitud provisional de patente”, que permitirá a los inventores obtener una protección preliminar mientras preparan su solicitud completa. Esto no solo brinda flexibilidad, sino que también reduce costos y protege las innovaciones de la divulgación prematura, lo que podría perjudicar la patente.
Además, se plantea reducir el plazo de oposición a un mes, lo que permitirá al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) resolver con mayor rapidez las solicitudes de protección. Esta medida busca equilibrar el derecho de terceros a participar en el procedimiento con la necesidad de un sistema ágil y eficiente.
La reforma también introduce la figura de la “afirmativa ficta”, que establece que, en caso de silencio administrativo por parte del IMPI, se otorgará certidumbre jurídica y se garantizará la celeridad en los trámites. Esto es crucial para fomentar un ambiente de confianza y seguridad jurídica para los innovadores y emprendedores en el país.
Por último, la iniciativa incluye la definición de activos intangibles, reconociendo la importancia de los bienes inmateriales en la economía moderna. Esto refleja un avance en la comprensión de la propiedad industrial y su relevancia en el desarrollo económico del país.
Estas reformas propuestas por el Senado representan un esfuerzo por modernizar y fortalecer el marco legal en México, promoviendo tanto la defensa de los derechos humanos como la innovación y el desarrollo tecnológico. A medida que estas iniciativas avanzan en el proceso legislativo, se espera que generen un impacto positivo en la sociedad y en la economía del país.
