El reciente asesinato de Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, ha dejado una profunda huella en la comunidad y ha desatado una serie de investigaciones sobre las causas y los responsables de este trágico suceso. La fiscalía del estado ha revelado detalles escalofriantes sobre el ataque, que se llevó a cabo en pleno día y en el interior del palacio municipal, lo que ha generado un clima de temor y desconfianza entre los habitantes de la región.
### Un Ataque Planificado y Brutal
El ataque ocurrió el 15 de junio de 2025, cuando cinco hombres armados, que se desplazaban en dos motocicletas, irrumpieron en el palacio municipal y dispararon más de 60 veces contra la alcaldesa y un representante comunitario, Eli Gregorio García Ruiz. La fiscalía ha confirmado que los agresores utilizaron armas de alto poder, incluyendo calibres 2.23 y 5.56, lo que indica la seriedad y la premeditación del crimen. Según las grabaciones de las cámaras de vigilancia, el ataque se desarrolló en un lapso de seis minutos, desde las 11:40 hasta las 11:46 de la mañana, dejando un rastro de casquillos que evidencian la violencia del acto.
Este tipo de violencia no es nuevo en Oaxaca, un estado que ha enfrentado problemas de inseguridad y criminalidad en los últimos años. Sin embargo, el hecho de que el ataque se haya llevado a cabo en un espacio público y contra una figura política de relevancia ha elevado la preocupación entre los ciudadanos. La fiscalía ha comenzado a investigar diversas líneas que podrían haber motivado el crimen, incluyendo conflictos políticos y el desvío de recursos públicos.
### Conflictos Políticos y Denuncias de Corrupción
Una de las líneas de investigación más relevantes es la denuncia que la alcaldesa había presentado contra ex autoridades municipales por un supuesto fraude relacionado con los recursos destinados a las víctimas del huracán Agatha. Esta denuncia, junto con otras acusaciones de robo y falsificación de documentos, sugiere que el crimen podría estar vinculado a conflictos internos en la administración municipal. La alcaldesa había denunciado el robo de 132 mil pesos del ayuntamiento y la falsificación de su firma para el uso indebido de recursos públicos, lo que podría haber generado enemistades con ex funcionarios y otros actores políticos.
Además, se ha mencionado la posibilidad de que el crimen esté relacionado con el cobro de cuotas por el traslado de madera en la región, un negocio que ha sido objeto de disputas entre diferentes grupos. La combinación de estos factores sugiere que el asesinato de García Soto no fue un acto aislado, sino parte de un entramado más complejo de corrupción y lucha por el poder en la comunidad.
La fiscalía ha indicado que no se descartan otras teorías y que seguirán investigando todos los ángulos posibles para esclarecer el crimen. La comunidad de San Mateo Piñas, que ha estado bajo la sombra de la violencia, ahora enfrenta un nuevo desafío: la búsqueda de justicia para su alcaldesa y la necesidad de restaurar la confianza en sus instituciones.
El asesinato de Lilia Gema García Soto no solo ha conmocionado a su comunidad, sino que también ha puesto de manifiesto la grave situación de violencia que enfrentan muchos funcionarios públicos en México. La impunidad y la falta de protección para los líderes locales son problemas que requieren atención urgente por parte de las autoridades estatales y federales. La sociedad civil y los organismos de derechos humanos han comenzado a alzar la voz, exigiendo justicia y medidas efectivas para proteger a quienes se encuentran en el servicio público.
La situación en Oaxaca es un reflejo de un problema más amplio que afecta a todo el país, donde la violencia política y la corrupción han permeado en diversas esferas de la vida pública. La comunidad de San Mateo Piñas espera que las investigaciones conduzcan a la captura de los responsables y que se tomen medidas para prevenir futuros crímenes de esta naturaleza. La memoria de Lilia Gema García Soto, una mujer que luchó por su comunidad, debe ser honrada con acciones concretas que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
