La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó con firmeza el 7 de mayo de 2026 ante las declaraciones del fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien anunció nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos, incluido un juez. Sheinbaum exigió pruebas contundentes para avanzar en cualquier proceso de extradición o cooperación judicial. Su mensaje fue claro: sin evidencia válida, no hay base legal para actuar.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre las acusaciones de EUA contra funcionarios mexicanos?
Sheinbaum subrayó que México no protege a nadie. Pero también recordó que el tratado de extradición y los acuerdos de confianza mutua exigen pruebas sólidas, no solo declaraciones públicas.
Dijo que hasta ahora no se ha recibido ninguna prueba formal. Incluso cuestionó la única evidencia citada por EUA: una hoja con la anotación «Juanito 30 mil pesos».
La mandataria insistió en que cualquier detención debe cumplir con la Ley Federal de Extradición y con los derechos procesales garantizados por la Constitución mexicana.
¿Cuál es el contexto real de las acusaciones recientes?
La semana anterior, la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA presentaron una acusación formal contra 10 funcionarios sinaloenses, entre ellos Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia de su cargo.
Estas acusaciones se enmarcan en investigaciones sobre corrupción, lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales.
El caso forma parte de una estrategia creciente de EUA para presionar judicialmente a autoridades mexicanas bajo la figura de cooperación transnacional en materia de seguridad pública.
¿Qué implica el tratado de extradición entre México y EUA?
- Requiere que EUA envíe pruebas documentales, no solo testimonios o acusaciones mediáticas.
- Exige que las pruebas sean traducidas y legalizadas, conforme al artículo 12 del Tratado de Extradición de 1978.
- Prohíbe la extradición por delitos políticos o si existe riesgo de pena de muerte o tortura.
- México puede negar la extradición si el hecho no es delito en su territorio (principio de doble incriminación).
¿Cómo afecta esto la cooperación bilateral en seguridad?
La relación bilateral enfrenta una tensión creciente. México ha entregado a más de 90 personas buscadas por EUA. Pero Estados Unidos no ha respondido con reciprocidad.
Sheinbaum señaló que México solicitó la extradición de cuatro personas vinculadas al huachicol, y de dos relacionadas con el caso Ayotzinapa. Ninguna ha sido entregada.
Esto erosiona la confianza institucional y debilita mecanismos como el Grupo Bilateral de Trabajo sobre Seguridad Pública.
¿Cuál es el impacto económico de esta crisis de cooperación?
- Retrasos en la aprobación de fondos del Plan Mérida 2.0, cuya asignación de 1,200 millones de dólares depende de indicadores de cooperación judicial.
- Riesgo de revisión por parte del Departamento del Tesoro de EUA sobre la clasificación de México como país de bajo riesgo para lavado de dinero.
- Impacto en inversiones extranjeras directas: el 63 % de los inversionistas evalúan la estabilidad institucional como factor clave, según el Informe de Competitividad 2026 del IMCO.
Datos Clave
- El tratado de extradición México-EUA data de 1978 y fue actualizado en 2001 para incluir delitos cibernéticos y financieros.
- Desde 2024, EUA ha presentado acusaciones contra 27 funcionarios mexicanos, pero solo ha enviado pruebas formales en 3 casos.
- México ha cumplido con el 98 % de las solicitudes de extradición recibidas desde 2020, según la Procuraduría General de la República.
- El caso Ayotzinapa sigue pendiente de cooperación forense: EUA retiene muestras de ADN y geolocalización clave desde 2023.
- La DEA ha abierto 14 investigaciones paralelas en México desde 2025, muchas sin notificación formal a la Fiscalía General de la República.
Esta situación no es solo jurídica. Es una prueba de fuego para el diálogo soberano, la independencia del Poder Judicial mexicano, y la capacidad de ambos países para construir una cooperación basada en respeto mutuo y estándares probatorios claros. La ausencia de pruebas no es un obstáculo técnico: es una falla estructural en la gobernanza transnacional.
