La situación del ganado en México se ha vuelto crítica, especialmente en el estado de Chihuahua, donde los ganaderos han expresado su preocupación por la infiltración de ganado ilegal proveniente de Centroamérica. Este fenómeno no solo pone en riesgo la salud del ganado nacional, sino que también afecta la economía de miles de familias que dependen de esta actividad. En un contexto donde el gusano barrenador ha llevado a Estados Unidos a suspender la importación de ganado mexicano, los productores han solicitado al gobierno federal la intervención del Ejército para frenar este problema.
La voz de los ganaderos
Álvaro Bustillos, presidente del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, ha sido uno de los principales voceros de esta problemática. En declaraciones recientes, Bustillos enfatizó la necesidad urgente de que el gobierno federal implemente operativos militares en la frontera sur, similares a los que se utilizan para controlar el flujo de migrantes. «Estamos muy preocupados ante la nueva realidad que estamos viviendo, y lo estamos viviendo en consecuencia de lo que está sucediendo en los estados del sur del país», afirmó Bustillos, quien subrayó que la entrada de ganado ilegal ha contribuido a la propagación del gusano barrenador, un parásito que ha afectado gravemente la salud del ganado en la región.
La situación se ha vuelto insostenible, ya que el 13 de mayo se implementó una suspensión de cruces de ganado en la frontera, lo que ha generado presión sobre los estados exportadores. Bustillos argumentó que los estados del norte, como Chihuahua, no deben ser utilizados como moneda de cambio en las negociaciones con Estados Unidos, ya que han estado trabajando arduamente para cumplir con los protocolos de sanidad animal.
El impacto económico
La crisis del ganado no solo es un problema de salud animal, sino que también tiene profundas implicaciones económicas. Chihuahua, que exporta aproximadamente la mitad del millón 200 mil cabezas de ganado que México envía diariamente a Estados Unidos, se encuentra en una situación crítica. La suspensión de las importaciones por parte de Estados Unidos ha llevado a una pérdida significativa de ingresos para los ganaderos locales, quienes ya enfrentan dificultades debido a una prolongada sequía que ha afectado la producción en la región durante más de dos años.
El Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria de Nuevo León (Cefosamp) también ha expresado su apoyo a la solicitud de cerrar la frontera sur. Armando Víctor Gutiérrez, presidente del Cefosamp, indicó que el gobierno estadounidense debería reforzar las estrategias de importación en lugar de afectar a los ganaderos del norte, donde no se ha reportado la plaga del gusano barrenador. «Se necesita que México cierre la frontera sur y hay muchas cosas combinadas. Ellos [los consumidores de Estados Unidos] también necesitan la proteína animal que México produce», comentó Gutiérrez.
El trasiego ilegal de ganado
El ingreso ilegal de ganado a México ha sido un problema persistente en la frontera sur durante más de una década. Se estima que muchos de estos animales provienen de países de Centroamérica y entran al país a través de pasos no controlados. Una vez en territorio mexicano, los animales son legalizados con documentos falsos, lo que complica aún más la situación para los ganaderos que operan dentro de la ley.
El gobierno de México ha establecido regulaciones que requieren que todos los bovinos porten un arete amarillo oficial, el cual garantiza que los animales han pasado por los controles sanitarios necesarios. Sin embargo, en algunos estados, como Chiapas, el costo del arete en el mercado negro puede llegar a ser exorbitante, lo que permite la legalización de ganado que ha ingresado al país de manera irregular.
La participación de autoridades y crimen organizado en este tráfico ilegal ha sido objeto de sospechas, lo que añade una capa de complejidad a la lucha contra esta problemática. Los ganaderos han solicitado no solo la intervención del Ejército, sino también una revisión exhaustiva de los protocolos de sanidad y control en la frontera sur para evitar que esta situación continúe afectando la salud del ganado y la economía de las familias que dependen de esta actividad.
La situación actual exige una respuesta coordinada y efectiva por parte del gobierno mexicano para proteger tanto la salud del ganado como la economía de los productores locales. La intervención del Ejército y el cierre de la frontera sur son medidas que, según los ganaderos, podrían ser cruciales para mitigar el impacto del ganado ilegal y el gusano barrenador en la industria ganadera del país.
