La reciente decisión del Congreso del Estado de México de extinguir el Instituto de Transparencia (Infoem) ha generado un amplio debate sobre la gestión de la transparencia y el acceso a la información pública en la entidad. Con la aprobación de la reforma constitucional y el respaldo de 78 de los 125 ayuntamientos, se abre un nuevo capítulo en la administración pública mexiquense. Este artículo explora los detalles de esta transformación y sus implicaciones para la transparencia en el Estado de México.
**El Proceso de Extinción del Infoem**
La extinción del Infoem se formaliza tras la aprobación de la reforma constitucional, que establece un plazo de 90 días para la emisión de las leyes secundarias necesarias. Este proceso no solo implica la desaparición del instituto, sino también la reestructuración de las funciones relacionadas con la transparencia que hasta ahora eran responsabilidad del Infoem. Según José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el objetivo es simplificar la estructura administrativa y reducir el gasto público, evitando duplicidades de funciones.
La reforma busca fortalecer los mecanismos de acceso a la información y la rendición de cuentas, sin crear nuevas instancias burocráticas. Las funciones del Infoem serán transferidas a las autoridades existentes en materia de control interno y vigilancia, lo que plantea interrogantes sobre cómo se garantizará la continuidad de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Uno de los aspectos más relevantes de esta transformación es que los sujetos obligados, es decir, las entidades y personas que deben cumplir con las obligaciones de transparencia, deberán promover y garantizar estos derechos. Esto implica que todas las autoridades y servidores públicos tendrán la responsabilidad de colaborar con las instancias garantes estatales, que ahora asumirán las funciones del Infoem.
**Implicaciones para la Transparencia y la Gestión Pública**
La extinción del Infoem plantea desafíos significativos para la gestión de la transparencia en el Estado de México. La reforma no solo busca reducir costos, sino también mejorar la eficiencia en la administración pública. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si esta reestructuración realmente logrará los objetivos propuestos.
La transferencia de funciones a las autoridades existentes podría generar una sobrecarga en estas entidades, que ya enfrentan sus propios desafíos en términos de recursos y capacidad operativa. La falta de un organismo específico dedicado a la transparencia podría dificultar la implementación de políticas efectivas en esta área, lo que podría llevar a una disminución en la calidad del acceso a la información pública.
Además, la reforma establece que los entes públicos deberán ajustar sus estructuras organizativas y ocupacionales para cumplir con los principios de racionalidad y austeridad. Esto podría resultar en la eliminación de puestos de trabajo y la reubicación de personal, lo que plantea preocupaciones sobre la estabilidad laboral de los empleados del Infoem. Es crucial que se respeten los derechos laborales de los trabajadores durante este proceso de transición.
La creación de un marco normativo claro y efectivo será esencial para garantizar que la transparencia y la protección de datos personales no se vean comprometidas. Las autoridades deberán formular programas de difusión que fomenten una cultura de transparencia y rendición de cuentas, asegurando que la ciudadanía continúe teniendo acceso a la información pública.
En este contexto, la participación ciudadana se vuelve fundamental. La sociedad civil debe estar atenta a los cambios que se implementen y exigir que se mantengan los estándares de transparencia. La vigilancia de los ciudadanos es clave para asegurar que las nuevas estructuras y procesos sean efectivos y cumplan con su propósito de mejorar la rendición de cuentas en el Estado de México.
La extinción del Infoem es un paso significativo en la evolución de la administración pública en el Estado de México. Aunque se busca simplificar y eficientar la gestión de la transparencia, es vital que se implementen mecanismos adecuados para garantizar que los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales sean respetados y promovidos. La forma en que se maneje esta transición determinará el futuro de la transparencia en la entidad y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
