El reciente avance legislativo en México ha marcado un hito significativo en la forma en que se evaluarán las políticas sociales en el país. En un contexto donde la desigualdad y la pobreza son temas de constante debate, el Senado ha aprobado una reforma que extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta decisión ha generado diversas reacciones entre los legisladores y la sociedad civil, quienes ven en esta medida tanto oportunidades como riesgos.
La reforma, aprobada con 73 votos a favor y 34 en contra, busca consolidar la generación de datos y la evaluación de la política social en una sola institución, el Inegi. Según los promotores de la iniciativa, esto permitirá optimizar recursos, eliminar duplicidades y fortalecer la coherencia técnica en la evaluación de las políticas sociales. La presidenta de la comisión de Bienestar, Andrea Chávez, argumentó que el Coneval no produce datos primarios, sino que se limita a analizar la información generada por el Inegi, lo que justifica la fusión de ambas entidades.
### Objetivos y Cambios en la Evaluación de Políticas Sociales
La reforma tiene como objetivo central redefinir la Política de Desarrollo Social en México, enfocándose en programas y acciones que busquen reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Entre los cambios más relevantes, se establece que el Inegi será responsable de medir la pobreza, evaluar programas y coordinarse con autoridades de los tres niveles de gobierno. Además, se actualizarán los lineamientos técnicos para la medición de la pobreza, lo que podría tener un impacto directo en la forma en que se diseñan y ejecutan las políticas sociales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantendrá sus atribuciones relacionadas con el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, lo que sugiere que la reforma busca una mayor integración entre la evaluación y la asignación de recursos. Sin embargo, esta centralización también ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la objetividad en la evaluación de las políticas sociales.
Los opositores a la reforma, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN) y otros grupos de la oposición, han expresado su preocupación por la eliminación del Coneval. Argumentan que esta medida podría llevar a una falta de mecanismos de evaluación objetiva, lo que podría resultar en una opacidad en la gestión de los recursos públicos. El senador Antonio Martín del Campo señaló que la reforma busca eliminar a quienes pueden evidenciar el fracaso de la política social, mientras que otros críticos han comparado esta acción con tendencias globales de minimizar el papel del Estado en la economía y la sociedad.
### Presupuesto y Eficiencia en el Uso de Recursos
Un aspecto crucial de la discusión sobre la extinción del Coneval es el presupuesto que este organismo ha manejado en los últimos años. Según datos de la Secretaría de Hacienda, entre 2018 y 2025, el Coneval recibió un presupuesto acumulado de 3 mil 195.7 millones de pesos. Este monto, argumentan algunos legisladores, podría haber sido utilizado de manera más eficiente, financiando, por ejemplo, más de 500 mil pensiones para adultos mayores o 1.6 millones de becas para educación básica.
La eliminación del Coneval también se justifica en términos de eficiencia administrativa. Con un personal significativamente menor en comparación con el Inegi, que cuenta con una plantilla de 15 mil empleados, se argumenta que la fusión permitirá reducir costos y mejorar la calidad de los datos y análisis producidos. Sin embargo, los críticos advierten que esta medida podría llevar a una concentración de poder en el Inegi, lo que podría comprometer la independencia y la imparcialidad en la evaluación de las políticas sociales.
La reforma también incorpora criterios técnicos para definir zonas de atención prioritaria, promueve el uso de lenguaje inclusivo y fomenta la equidad de género en la política social. Estos elementos son vistos como pasos positivos hacia una política social más inclusiva y centrada en resultados. Sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas dependerá de la capacidad del Inegi para adaptarse a su nuevo rol y de la voluntad política para garantizar que la evaluación de las políticas sociales se realice de manera transparente y objetiva.
En un contexto donde la desigualdad y la pobreza siguen siendo desafíos críticos para el desarrollo de México, la transformación en la evaluación de políticas sociales representa una oportunidad para repensar cómo se diseñan e implementan las intervenciones sociales. Sin embargo, el éxito de esta reforma dependerá de la capacidad del nuevo sistema para generar datos confiables y útiles que realmente contribuyan a mejorar la calidad de vida de los mexicanos más vulnerables.
