La situación política en Perú ha tomado un giro inesperado tras la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del país andino. Este acontecimiento ha generado un conflicto diplomático entre Perú y México, que se ha intensificado en los últimos días. El presidente peruano, José Jerí, ha declarado que Chávez no podrá viajar a México hasta que se resuelva la cuestión del salvoconducto necesario para su traslado. Esta decisión ha suscitado una serie de reacciones tanto a nivel nacional como internacional, poniendo de relieve las complejidades del derecho al asilo y las relaciones diplomáticas en la región.
La controversia comenzó cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció el 3 de noviembre que Betssy Chávez se encontraba en la embajada mexicana en Lima, lo que llevó a Perú a romper relaciones diplomáticas con México. Desde inicios de 2023, las relaciones ya estaban deterioradas, especialmente tras la destitución de Pedro Castillo y la llegada al poder de Dina Boluarte, quien no fue reconocida por el gobierno mexicano. La situación se complica aún más debido a las acusaciones que enfrenta Chávez, quien está siendo juzgada por su participación en un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.
La declaración de Jerí sobre la imposibilidad de que Chávez viaje a México hasta que se tome una decisión sobre su salvoconducto ha generado preocupación. El presidente peruano ha afirmado que su gobierno no tiene la obligación de pronunciarse de inmediato sobre este tema, lo que ha llevado a especulaciones sobre el tiempo que podría tardar en llegar a una resolución. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha anunciado que iniciará un proceso de consultas con otros países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir posibles modificaciones a la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo político en la región.
### La Convención de Caracas y el Derecho al Asilo
La Convención de Caracas establece que el asilo otorgado a personas perseguidas por motivos políticos debe ser respetado por el Estado territorial. Sin embargo, el gobierno peruano ha expresado su preocupación de que la interpretación actual del derecho al asilo se ha desnaturalizado, permitiendo que delitos comunes sean calificados como persecución política. Esta situación ha llevado a Jerí a solicitar una revisión de la convención, argumentando que la práctica actual podría estar tergiversando la esencia del asilo.
El artículo I de la Convención establece que el asilo debe ser respetado, pero también aclara que cada Estado tiene el derecho de concederlo o negarlo. Esto ha llevado a un debate sobre la responsabilidad de los países en la concesión de asilo y la necesidad de una revisión de los criterios que se utilizan para determinar quién califica para recibirlo. La postura de Perú refleja una creciente preocupación en la región sobre el uso del asilo como herramienta política, lo que podría tener implicaciones significativas para las relaciones diplomáticas entre los países de América Latina.
La propuesta de Perú para modificar la Convención de Caracas ha sido respaldada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha indicado que se han realizado consultas con expertos juristas de la región. La primera conclusión de este proceso es que ha habido una «evolución negativa» en la práctica internacional del derecho al asilo, lo que ha llevado a la necesidad de un debate más amplio sobre cómo se debe abordar este tema en el futuro.
### Reacciones y Consecuencias Internacionales
La decisión de México de otorgar asilo a Betssy Chávez ha generado reacciones mixtas en la comunidad internacional. Algunos países han expresado su apoyo a la decisión de México, argumentando que el asilo es un derecho humano fundamental que debe ser protegido. Sin embargo, otros han respaldado la postura de Perú, sugiriendo que la concesión de asilo en este caso podría estar motivada por consideraciones políticas en lugar de razones humanitarias.
La tensión entre Perú y México también ha llevado a un aumento de la retórica política en ambos países. El Congreso de Perú ha declarado a Claudia Sheinbaum como persona non grata, lo que refleja el deterioro de las relaciones diplomáticas. Esta situación podría tener repercusiones más amplias en la región, especialmente si otros países se ven involucrados en el debate sobre el asilo y la interpretación de las convenciones internacionales.
En medio de este conflicto, la situación de Betssy Chávez sigue siendo incierta. Su futuro dependerá en gran medida de las decisiones que tome el gobierno peruano en relación con su salvoconducto y de cómo se desarrollen las negociaciones en el ámbito internacional. La crisis actual pone de manifiesto la complejidad de las relaciones diplomáticas en América Latina y la necesidad de un enfoque más colaborativo para abordar cuestiones de asilo y derechos humanos en la región.
