La reciente aprobación de reformas al Código Penal en la Ciudad de México ha generado un gran impacto en la forma en que se abordará el delito de despojo de inmuebles. Este fenómeno, que ha afectado a numerosos ciudadanos y ha sido objeto de preocupación por parte de las autoridades, ahora contará con penas más severas, especialmente en casos donde estén involucrados servidores públicos o notarios. La medida fue aprobada por unanimidad en el Congreso local, lo que refleja un consenso sobre la necesidad de endurecer las sanciones para proteger a los ciudadanos de este tipo de delitos.
### Detalles de las Reformas Aprobadas
El dictamen aprobado establece que las penas por despojo se incrementarán a un rango de seis a 11 años de prisión, lo que representa un año más de lo que se estipulaba anteriormente. Además, se impondrán multas que van de 200 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes cometan este delito. Esta modificación busca no solo castigar a los infractores, sino también disuadir a aquellos que consideren llevar a cabo actos de despojo.
Entre las nuevas agravantes que se han incluido en la legislación se encuentran situaciones específicas que aumentan la gravedad del delito. Por ejemplo, se impondrán penas más severas cuando el despojo se cometa contra personas mayores de 60 años, cuando un servidor público esté involucrado, o cuando se utilicen documentos falsos o alterados. También se sancionará a quienes mantengan la ocupación de un inmueble ajeno a pesar de haber sido requeridos por la autoridad competente, lo que busca proteger los derechos de los propietarios legítimos.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, había propuesto inicialmente que se considerara como agravante el despojo de terrenos declarados como Áreas Naturales Protegidas, sin embargo, esta propuesta no fue incluida en el dictamen final. A pesar de esto, las reformas representan un avance significativo en la lucha contra el despojo, un problema que ha crecido en los últimos años en la capital del país.
### Implicaciones para Notarios y Servidores Públicos
Una de las novedades más relevantes de estas reformas es la responsabilidad que se impone a los notarios. Según el nuevo marco legal, los notarios serán considerados responsables por los actos que asienten en una escritura pública que, por negligencia o mala fe, deriven en despojos de inmuebles. Esto significa que los notarios deberán ser más diligentes en la verificación de la documentación y en la validez de los títulos de propiedad que firman, ya que su falta de cuidado podría llevar a consecuencias legales graves.
La reforma también establece que se presumirá la mala fe en la posesión de un inmueble cuando esta derive de un acto jurídico simulado o de un título que el poseedor sabía o debía saber que era inválido. Esta medida busca cerrar las brechas que han permitido que se lleven a cabo despojos de manera fraudulenta, protegiendo así a los propietarios legítimos de sus bienes.
El impacto de estas reformas no solo se sentirá en el ámbito legal, sino que también podría influir en la percepción de seguridad de los ciudadanos. Al endurecer las penas y establecer responsabilidades claras para los notarios y servidores públicos, se espera que se genere un ambiente de mayor confianza en el sistema legal y en la protección de los derechos de propiedad.
Con la aprobación de estas reformas, el Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso importante hacia la protección de los ciudadanos frente a un problema que ha crecido en complejidad y en número de casos. La implementación efectiva de estas medidas será crucial para garantizar que se cumplan los objetivos de la legislación y se logre una reducción en los casos de despojo en la capital del país.
