La reciente propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca abordar de manera contundente el problema del mercado negro de concesiones y el robo de agua en México. Esta iniciativa, que se envió al Congreso, tiene como objetivo principal garantizar el derecho humano al agua y regular el uso de este recurso vital, que ha sido objeto de abusos y transacciones ilegales en los últimos años.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha señalado que el actual marco normativo, que data de 1992, ha permitido que los particulares gestionen los recursos hídricos de manera descontrolada. Según Óscar Zavala Gamboa, subdirector General de Asuntos Jurídicos de Conagua, el número de títulos de concesión ha aumentado de 2,500 en 1992 a 536,000 en la actualidad, lo que ha generado un incremento en las irregularidades. Hasta ahora, se han detectado cerca de 59,000 irregularidades en la concesión de estos títulos, lo que pone de manifiesto la necesidad de una reforma profunda.
### Cambios propuestos en la reforma
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la creación de un capítulo específico sobre delitos hídricos. Actualmente, muchos de estos delitos no están tipificados en el Código Penal Federal, lo que dificulta su persecución y sanción. La nueva iniciativa busca establecer un catálogo de delitos relacionados con el agua, que incluirá la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, así como actos de corrupción en el otorgamiento de títulos de concesión. Las penas propuestas van de uno a diez años de prisión, además de multas que oscilan entre 300 y 4,000 días de salario.
Zavala Gamboa explicó que la falta de tipificación de ciertos delitos hídricos ha permitido que muchas conductas ilegales queden impunes. Por ejemplo, la falsificación de títulos de concesión o la asignación de estos de manera contraria a la ley no se sancionan adecuadamente. La reforma busca cerrar estas lagunas legales y proporcionar un marco más claro para la protección de los recursos hídricos.
Otro cambio significativo es la eliminación de los bancos de agua, que permitían a los particulares realizar transacciones con los títulos de concesión. Esta figura ha sido criticada por su enfoque mercantilista, que prioriza el interés privado sobre el bien común. En su lugar, se propone la creación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, que se encargará de recuperar y reasignar los volúmenes de agua de manera más equitativa y eficiente. Este nuevo enfoque busca garantizar que el agua se asigne donde más se necesita, en lugar de dejarlo en manos de intereses particulares.
### Implicaciones para la gestión del agua
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales tiene implicaciones profundas para la gestión del agua en México. Al establecer un marco normativo más robusto, se espera que se reduzcan las irregularidades en la concesión de títulos y se combata el robo de agua de manera más efectiva. La creación de un capítulo de delitos hídricos no solo busca sancionar a los infractores, sino también disuadir a aquellos que podrían considerar participar en actividades ilegales relacionadas con el agua.
Además, la eliminación de los bancos de agua y la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales representan un cambio de paradigma en la forma en que se gestionan los recursos hídricos en el país. Este enfoque más centralizado y regulado tiene el potencial de mejorar la disponibilidad y la calidad del agua, así como de proteger los derechos de las comunidades que dependen de este recurso.
La reforma también responde a la creciente preocupación por la sobreexplotación de acuíferos en México. Muchos acuíferos están actualmente sobreexplotados, y la falta de regulación ha permitido que se otorguen títulos de concesión en zonas donde el agua es escasa. Con la nueva iniciativa, se espera que se implementen medidas más estrictas para proteger estos acuíferos y garantizar un uso sostenible del agua.
En resumen, la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales es un paso importante hacia la regulación del agua en México. Al abordar el problema del mercado negro de concesiones y el robo de agua, se busca garantizar el derecho humano al agua y promover un uso más sostenible y equitativo de este recurso vital. La implementación de estas reformas será crucial para el futuro de la gestión del agua en el país y para la protección de los derechos de las comunidades que dependen de ella.
