La reciente iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión marca un hito en la administración pública mexicana, al proponer la transferencia de funciones del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta medida, impulsada por el Poder Ejecutivo federal, busca no solo optimizar recursos, sino también fortalecer las capacidades técnicas del Inegi en la medición de la pobreza y la evaluación de políticas sociales.
La propuesta, que fue remitida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se enmarca dentro de un proceso más amplio de simplificación orgánica del Estado. El objetivo principal es garantizar que la transferencia de funciones se realice de manera efectiva, sin comprometer la autonomía del Inegi ni la calidad de su labor técnica. Esto se logra a través de un marco jurídico que establece claramente las nuevas facultades y obligaciones del instituto.
### Contexto de la Iniciativa
La iniciativa se fundamenta en el artículo transitorio Segundo del Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024. Este decreto establece la necesidad de realizar reformas legales que permitan una mejor coordinación entre las distintas instancias del gobierno y la optimización de recursos públicos.
Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa es la eliminación de duplicidades en las funciones del Coneval y el Inegi. Al transferir las responsabilidades de evaluación de la política de desarrollo social al Inegi, se busca evitar la redundancia en la producción de información y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado. Esto no solo beneficiará a las instituciones involucradas, sino que también permitirá una mejor atención a las necesidades de la población, especialmente en lo que respecta a la medición de la pobreza y la desigualdad.
### Implicaciones para la Evaluación de Políticas Sociales
La propuesta de reforma también tiene implicaciones significativas en el ámbito de la evaluación de políticas sociales. Se delimitará el ámbito de competencia del Inegi en relación con la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, diferenciando claramente sus funciones de las que corresponden al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La definición clara de las responsabilidades del Inegi permitirá que este organismo se enfoque en la medición de la pobreza y la evaluación de programas y proyectos destinados a reducir las brechas de desigualdad y exclusión social. La Política de Desarrollo Social, que incluye un conjunto de acciones para garantizar el desarrollo sostenible y equitativo, será evaluada de manera más efectiva gracias a esta reestructuración.
Además, la modificación de la Ley General de Desarrollo Social busca preservar los objetivos y materias reguladas por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Esto es crucial para evitar discordancias entre la producción de información estadística y geográfica y la evaluación de políticas sociales, asegurando que la información utilizada para medir la pobreza sea coherente y comparable a lo largo del tiempo.
Por otro lado, se realizarán cambios en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para eliminar referencias a las evaluaciones que el Inegi debía realizar, enfocándose exclusivamente en el Sistema de Evaluación del Desempeño. Esto permitirá que el Inegi se concentre en su nueva función sin distracciones, garantizando así una evaluación más precisa y efectiva de las políticas sociales.
La reforma también incluye ajustes en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asegurando que la participación del Inegi se limite a la evaluación de la Política de Desarrollo Social, en lugar de abarcar el Sistema de Evaluación del Desempeño. Esta separación de funciones es esencial para mantener la claridad en las responsabilidades de cada organismo y para asegurar que la evaluación de las políticas sociales se realice de manera integral y con un enfoque técnico adecuado.
La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo representa un paso importante hacia la modernización y eficiencia del aparato gubernamental en México. Al fortalecer el papel del Inegi en la evaluación de políticas sociales, se espera que se logren avances significativos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país. La implementación efectiva de estas reformas será clave para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que las políticas sociales sean evaluadas con rigor y objetividad.
