Las tensiones en Perú han alcanzado un nuevo pico tras la muerte de un manifestante durante una protesta masiva en Lima. Este trágico evento ha llevado al gobierno a iniciar investigaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones que han sacudido al país en los últimos días. La situación se ha vuelto crítica, con miles de ciudadanos expresando su descontento hacia el gobierno y el Congreso, en medio de una crisis de corrupción y creciente inseguridad ciudadana.
**El Contexto de las Protestas**
La manifestación que tuvo lugar el 15 de octubre fue una de las más grandes en años, convocada por la indignación generalizada hacia el gobierno interino de José Jerí, quien asumió la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte. La destitución de Boluarte fue el resultado de una serie de acusaciones de incapacidad moral para manejar la crisis de inseguridad que afecta al país, lo que ha llevado a un aumento en las protestas populares. La muerte de Eduardo Ruiz, un joven de 32 años, ha intensificado aún más la situación, con ciudadanos exigiendo justicia y respuestas sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento.
El Ministerio Público de Perú ha tomado cartas en el asunto, anunciando que se están llevando a cabo investigaciones urgentes para esclarecer la muerte de Ruiz. La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo ha asumido el caso, y ha ordenado el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencia en el lugar de los hechos. Según informes, Ruiz recibió un disparo en las inmediaciones de la Plaza Francia, donde se desarrollaba la protesta. La Defensoría del Pueblo ha confirmado que, además de la muerte de Ruiz, más de cien personas resultaron heridas, incluidos 78 policías y 24 manifestantes.
**Reacciones del Gobierno y la Sociedad**
El presidente interino, José Jerí, ha expresado su deseo de que las investigaciones se realicen con objetividad y ha enviado sus condolencias a la familia de Ruiz. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ha afirmado que se están llevando a cabo investigaciones para determinar la verdad detrás de la muerte del manifestante. Sin embargo, ha argumentado que no había agentes encubiertos en la zona, lo que ha generado dudas y críticas entre los manifestantes y la sociedad civil.
Los testigos han señalado que Ruiz fue alcanzado por un disparo presuntamente realizado por un agente policial encubierto, conocido como ‘terna’, que se encontraba infiltrado entre los manifestantes. Este tipo de tácticas han sido objeto de controversia y debate en el país, ya que muchos ciudadanos consideran que el uso de la fuerza por parte de las autoridades es desproporcionado y violento. La situación se ha vuelto aún más tensa con la aparición de videos en redes sociales que muestran el momento exacto en que Ruiz es alcanzado por la bala, lo que ha generado una ola de indignación y llamados a la acción.
Las manifestaciones en Perú no son un fenómeno nuevo. Desde finales de 2022, el país ha sido escenario de protestas masivas que han dejado un saldo trágico de al menos 49 civiles muertos. Estas manifestaciones surgieron en respuesta a la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien fue encarcelado tras un fallido intento de golpe de Estado. La crisis política y social que enfrenta Perú ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad del gobierno actual y a exigir cambios significativos en la forma en que se manejan los asuntos públicos.
La muerte de Eduardo Ruiz ha reavivado el debate sobre la violencia policial y el respeto a los derechos humanos en el país. Activistas y organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno a garantizar la protección de los manifestantes y a investigar a fondo las circunstancias que llevaron a la muerte de Ruiz. La presión social ha aumentado, y muchos ciudadanos están dispuestos a continuar protestando hasta que se logren cambios significativos en la política y la gobernanza del país.
En medio de esta crisis, el gobierno interino de José Jerí enfrenta el desafío de restaurar la confianza pública y abordar las preocupaciones de la ciudadanía. La situación en Perú sigue siendo volátil, y el futuro político del país dependerá de cómo se manejen las investigaciones y se respondan a las demandas de justicia y transparencia por parte de la población. Las manifestaciones continúan, y la lucha por los derechos humanos y la justicia social se mantiene en el centro del debate nacional.
