La inseguridad en las carreteras de Hidalgo ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente en los tramos que conectan con los estados vecinos de México y Querétaro. Ante esta situación, el Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado una propuesta de reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de implementar acciones más eficaces en materia de seguridad. El diputado federal por Hidalgo, Asael Hernández Cerón, ha sido el portavoz de esta iniciativa, que busca no solo mejorar las estrategias de seguridad, sino también garantizar que los cuerpos policiacos cumplan con su deber de proteger a los ciudadanos y reducir la incidencia delictiva en las carreteras.
La propuesta de reforma se centra en la necesidad de establecer medidas concretas que permitan a las fuerzas de seguridad desempeñar su labor de manera efectiva. Hernández Cerón ha señalado que es fundamental certificar a los elementos de la policía para evitar que se escuden en “pretextos” que les permitan evadir su responsabilidad. La falta de recursos y capacitación ha sido un obstáculo significativo en la lucha contra el crimen en las carreteras, y el legislador ha hecho hincapié en que es esencial dotar a los cuerpos de seguridad de los insumos necesarios para llevar a cabo su trabajo.
Uno de los puntos más críticos que se han abordado en esta propuesta es la creación de puestos de control en las carreteras. Estos puntos de vigilancia no solo servirían para prevenir delitos, sino también para garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros que transitan por estas vías. La capacitación de los elementos de seguridad es otro aspecto que se ha destacado, ya que una fuerza policial bien entrenada puede responder de manera más efectiva a situaciones de emergencia y prevenir accidentes viales.
La problemática de la inseguridad en las carreteras no es exclusiva de Hidalgo. Desde la desaparición de la Policía Federal en 2019, la situación ha empeorado en todo el país. Hernández Cerón ha solicitado el apoyo de sus colegas en el Congreso para aprobar estas modificaciones y proporcionar los recursos necesarios para fortalecer a las policías municipales y estatales. La falta de inversión en seguridad ha sido un tema recurrente, y el legislador ha criticado la falta de atención que se ha dado a este asunto por parte de las autoridades.
En su intervención, Hernández Cerón ha mencionado que la seguridad en las carreteras es un tema urgente que debe ser atendido de inmediato. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que el Ejecutivo debe asignar recursos para este fin, pero ha habido una falta de compromiso en este sentido. El legislador ha señalado que cuando se trata de presupuestos que no impactan directamente en los proyectos de ciertos representantes, la inversión en seguridad se deja de lado, lo que ha llevado a un aumento en los delitos en las carreteras.
Hernández Cerón ha destacado que en Hidalgo existen dos tramos carreteros con alta incidencia delictiva: el Arco Norte, que conecta a Puebla, Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo, y el tramo de la carretera México-Querétaro en la región de Tula-Tepeji. Sin embargo, ha advertido que la inseguridad no se limita a estas áreas, ya que en diversas horas y puntos de las carreteras de la entidad se registran robos, asaltos y actos de violencia. Por ello, la propuesta del PAN incluye la necesidad de aumentar el número de elementos de seguridad, proporcionar equipamiento adecuado y establecer más puestos de control para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La situación de inseguridad en las carreteras de Hidalgo es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas regiones del país. La propuesta del PAN busca abordar esta problemática de manera integral, con un enfoque en la prevención y la capacitación de las fuerzas de seguridad. La implementación de estas medidas podría ser un paso significativo hacia la mejora de la seguridad en las carreteras, beneficiando no solo a los habitantes de Hidalgo, sino a todos aquellos que transitan por estas vías. La colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y la asignación de recursos adecuados son fundamentales para lograr un cambio real en la seguridad vial y la protección de los ciudadanos.
