La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha propuesto una reforma significativa a la Ley de Cultura Cívica que busca endurecer las sanciones contra las personas que, sin autorización, apartan lugares en la vía pública o exigen pagos indebidos a automovilistas, una práctica comúnmente conocida como «franeleo». Esta iniciativa se presenta como una respuesta a la creciente preocupación por la seguridad y el orden en los espacios públicos de la capital. La propuesta incluye la implementación de arresto inconmutable de hasta 36 horas para aquellos que intimiden o coaccionen a los conductores en relación con el estacionamiento de sus vehículos.
Brugada ha enfatizado que estas prácticas no pueden ser toleradas en la Ciudad de México, afirmando que es necesario actuar con «integridad y eficacia» para garantizar la legalidad en los espacios públicos. La mandataria ha reconocido que muchas de las personas que se dedican a esta actividad lo hacen desde un contexto de exclusión social, pobreza o informalidad laboral. Sin embargo, ha dejado claro que la reforma no solo busca sancionar, sino también ofrecer alternativas para aquellos que se ven obligados a participar en estas prácticas por necesidad.
### Alternativas a la Sanción: Capacitación y Emprendimiento
Además del endurecimiento de las sanciones, la propuesta de Brugada incluye un enfoque integral que busca ofrecer oportunidades a quienes actualmente se ven forzados a realizar actividades como el franeleo. La Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) están diseñando un programa que tiene como objetivo abrir oportunidades reales de empleo y capacitación laboral para estas personas. La idea es que, en lugar de simplemente aumentar las sanciones, se les brinde la posibilidad de obtener ingresos a través de empleos formales o emprendimientos.
Brugada ha declarado que es fundamental atender la situación desde una perspectiva que no solo contemple la represión, sino que también busque la inclusión de estas personas en un modelo de ciudad donde vivir con dignidad no dependa de la ilegalidad. Este enfoque busca crear un entorno donde todos los ciudadanos puedan disfrutar de los espacios públicos sin temor a ser intimidados o coaccionados por franeleros.
La mandataria ha subrayado que el programa se llevará a cabo bajo el lema «El espacio público es de todas y todos», lo que implica una campaña de información para educar a la ciudadanía sobre las conductas prohibidas y las sanciones que aplican. Además, se proporcionarán herramientas a los ciudadanos para que puedan defender su derecho al uso del espacio público sin ser objeto de extorsión.
### Contexto y Reacción Ciudadana
La problemática del franeleo ha sido un tema recurrente en la Ciudad de México, donde muchos automovilistas se ven obligados a pagar a personas que, sin autorización, se apropian de espacios de estacionamiento. Esta situación ha generado un clima de inseguridad y desconfianza entre los ciudadanos, quienes a menudo se sienten vulnerables ante la posibilidad de ser intimidados por franeleros. La propuesta de Brugada ha sido recibida con una mezcla de apoyo y escepticismo. Por un lado, muchos ciudadanos ven con buenos ojos la intención de regular esta actividad y proteger sus derechos. Por otro lado, hay quienes cuestionan la efectividad de las sanciones y se preguntan si realmente se abordarán las causas subyacentes que llevan a las personas a dedicarse a esta actividad.
La iniciativa también ha generado un debate sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la regulación y la inclusión social. Algunos expertos en políticas públicas han señalado que, si bien es importante sancionar las prácticas abusivas, también es crucial ofrecer alternativas viables para quienes se ven forzados a participar en actividades ilegales por falta de oportunidades. La implementación de programas de capacitación y empleo podría ser un paso positivo hacia la solución de este problema, pero requerirá un compromiso sostenido por parte del gobierno y la colaboración de diversas entidades.
La propuesta de Clara Brugada representa un intento por abordar una problemática compleja que afecta a muchos ciudadanos en la Ciudad de México. Al combinar sanciones con un enfoque en la inclusión y la capacitación, se busca no solo regular el franeleo, sino también ofrecer un camino hacia la dignidad y la legalidad para aquellos que han sido marginados por la economía informal. La efectividad de esta iniciativa dependerá de su implementación y de la capacidad del gobierno para generar oportunidades reales para quienes hoy viven en la informalidad.
