La Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado su enfoque en las irregularidades dentro del sistema judicial mexicano, señalando que se han documentado 193 decisiones judiciales que han permitido la liberación de más de 100 delincuentes en un corto periodo. Esta situación ha generado un debate sobre la integridad del Poder Judicial y la necesidad de reformas que aseguren la justicia en el país. Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, ha enfatizado que las acciones ilegales no son representativas de todo el sistema judicial, sino que se refieren a casos específicos donde se ha abusado del poder.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha respaldado esta afirmación, indicando que entre 2024 y mayo de 2025, se han registrado decisiones judiciales alarmantes que han permitido la salida de delincuentes de prisión. Este fenómeno ha suscitado preocupaciones sobre la eficacia del sistema judicial y su papel en la lucha contra el crimen organizado.
### Irregularidades en el Poder Judicial
Gertz Manero ha denunciado un acuerdo interno en el Poder Judicial que impide que la FGR proceda contra jueces, magistrados o ministros sin su autorización. Esta situación ha sido criticada por el fiscal, quien ha afirmado que existen suficientes elementos para iniciar procedimientos penales contra ciertos funcionarios judiciales que han actuado de manera indebida. «No es todo el Poder Judicial, son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito», declaró Gertz Manero.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su apoyo a la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que permitirá actuar en casos donde se presenten pruebas de irregularidades. Sheinbaum ha subrayado que, si se encuentra evidencia de delitos vinculados a jueces, no habrá impunidad, y se podrán presentar denuncias por parte de diversas instituciones, incluyendo el gabinete de seguridad.
Sin embargo, la presidenta también ha señalado que no basta con alegar una actitud sistemática de liberar delincuentes; es necesario demostrar la existencia de sobornos o vínculos corruptos. Esta postura refleja un enfoque más riguroso hacia la rendición de cuentas en el sistema judicial, lo que podría ser un paso positivo hacia la restauración de la confianza pública en las instituciones.
### Casos destacados de liberaciones
El secretario García Harfuch ha expuesto casos concretos de jueces que han favorecido la liberación de delincuentes, mencionando a Gregorio Salazar Hernández, quien ha tomado decisiones que han facilitado la salida de personas acusadas de delitos graves, como la delincuencia organizada y la corrupción. Además, se han documentado traslados de personas privadas de libertad a otros centros penitenciarios sin cumplir con los procedimientos legales establecidos, lo que ha generado aún más críticas hacia el sistema judicial.
Entre los jueces que han estado involucrados en estas controversias, destacan Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro Borbón, quienes han emitido resoluciones que han permitido la liberación de individuos vinculados a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Este tipo de decisiones ha llevado a cuestionar la efectividad de las medidas cautelares y la capacidad del sistema judicial para manejar casos de alta peligrosidad.
La situación actual ha puesto de relieve la necesidad de una reforma judicial integral que no solo aborde la corrupción, sino que también garantice que los jueces actúen con responsabilidad y en beneficio de la sociedad. La próxima elección del Poder Judicial, programada para el 1 de junio, se presenta como una oportunidad para que los jueces rindan cuentas ante el pueblo mexicano y se comprometan a actuar con integridad.
La FGR, bajo la dirección de Gertz Manero, ha manifestado su intención de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y de presentar denuncias en los casos donde se encuentren pruebas de corrupción. Este enfoque proactivo es esencial para restaurar la confianza en el sistema judicial y asegurar que la justicia prevalezca en el país. La colaboración entre las instituciones de seguridad y el Poder Judicial será crucial para enfrentar los desafíos que plantea la corrupción y el crimen organizado en México.
