La reciente ola de atentados con drones en Colombia y México ha puesto en alerta a las autoridades de ambos países, revelando una preocupante interconexión entre los cárteles de la droga y el uso de tecnología militar. Este fenómeno no solo representa un cambio en las tácticas del crimen organizado, sino que también plantea serias preguntas sobre la seguridad nacional y la capacidad de respuesta de los gobiernos ante esta nueva amenaza.
### La Evolución de las Tácticas Criminales
El ataque ocurrido en Colombia, donde un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado por un dron cargado de explosivos, es un claro ejemplo de cómo los grupos criminales han adaptado tecnologías civiles para fines bélicos. Este tipo de agresiones, que antes eran impensables en la región, ahora se han convertido en una realidad. Los cárteles colombianos han perfeccionado el uso de drones para llevar a cabo ataques precisos, y esta técnica ha sido adoptada por organizaciones criminales en México, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los reportes indican que existen dos modalidades principales de ataque con drones: la primera consiste en drones que sobrevuelan y dejan caer explosivos sobre sus objetivos, mientras que la segunda, conocida como “dragón”, implica el lanzamiento directo de drones cargados de explosivos. Esta evolución en las tácticas de combate ha permitido a los cárteles llevar a cabo emboscadas y ataques a distancia, lo que reduce el riesgo para los agresores y aumenta el terror en las comunidades afectadas.
La facilidad de acceso a tecnología comercial ha facilitado esta transformación. Los drones, que anteriormente eran utilizados para fines recreativos o de vigilancia, ahora se han convertido en herramientas letales en manos del crimen organizado. Esta situación ha llevado a las autoridades a considerar la necesidad de regular el uso de drones, ya que su modificación para fines delictivos representa un desafío significativo para los protocolos de seguridad existentes.
### La Conexión entre México y Colombia
La relación entre los cárteles mexicanos y las guerrillas colombianas ha crecido en complejidad, con un patrón de reclutamiento de exmilitares colombianos por parte de los cárteles en México. Desde junio, tras un ataque a militares en la frontera entre Jalisco y Michoacán, se ha evidenciado un aumento en la cooptación de personal con formación militar para integrar estructuras criminales. Este fenómeno ha llevado a las autoridades a reforzar la cooperación entre México y Colombia para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes, así como el reclutamiento de expertos en el manejo de drones.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México ha señalado que se ha detectado un patrón de reclutamiento de colombianos con entrenamiento militar por parte del CJNG y el Cártel de Sinaloa. Este reclutamiento no solo incluye a exmilitares, sino también a civiles con formación militar, lo que complica aún más la situación de seguridad en la región. Las autoridades han tomado medidas para repatriar a aquellos que intentan ingresar a México con la intención de unirse a estos grupos delictivos, pero la amenaza persiste.
La creciente sofisticación de las tácticas del crimen organizado ha llevado a un escenario de confrontación asimétrica, donde los cárteles utilizan tecnología avanzada para desafiar a las fuerzas del orden. La capacidad de los grupos criminales para adaptarse y evolucionar en sus métodos de operación plantea un reto significativo para los gobiernos de ambos países, que deben encontrar formas efectivas de contrarrestar esta nueva forma de violencia.
### La Respuesta de las Autoridades
Ante esta situación, las autoridades han comenzado a implementar estrategias para neutralizar el uso de drones en actividades delictivas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en México ha reforzado sus escuadrones para hacer frente a los narcodrones, buscando desarrollar capacidades que les permitan detectar y neutralizar estos dispositivos antes de que puedan ser utilizados en ataques.
Además, se han propuesto iniciativas legislativas para sancionar el uso de drones con fines delictivos. Un diputado del PT ha planteado la posibilidad de imponer penas de hasta diez años de cárcel a quienes utilicen drones para actividades criminales, lo que refleja la urgencia de abordar este problema desde un marco legal más robusto.
La cooperación internacional también se ha vuelto crucial en este contexto. Las agencias de seguridad de Estados Unidos han expresado su preocupación por el reclutamiento de mercenarios y la adopción de tácticas militares avanzadas por parte de los cárteles mexicanos. La colaboración entre países es esencial para desarrollar estrategias efectivas que frenen el uso de drones en el crimen organizado y protejan la seguridad de las comunidades afectadas.
La situación actual en México y Colombia es un claro recordatorio de que el crimen organizado está en constante evolución, y que las autoridades deben adaptarse rápidamente para enfrentar los nuevos desafíos que surgen en este complejo panorama de violencia y criminalidad.
