La libertad de expresión en México se encuentra en una encrucijada crítica, marcada por el aumento de legislaciones que buscan restringir el acceso a la información y silenciar a los periodistas. En los últimos meses, se ha observado un incremento alarmante en el acoso a comunicadores y la aprobación de leyes que permiten al gobierno ejercer un control más estricto sobre los contenidos digitales. Este fenómeno, conocido como «Ley Censura», ha comenzado a extenderse en diversas entidades del país, generando preocupación entre defensores de los derechos humanos y expertos en libertad de prensa.
**El Auge de las Leyes Restrictivas**
En el contexto actual, varios Congresos locales, como el de Puebla, han aprobado normativas que permiten al Estado intervenir en la libertad de expresión. La Ley Censura, por ejemplo, establece penas de hasta tres años de prisión y multas significativas para aquellos que realicen comentarios considerados ofensivos en redes sociales. Esta legislación, que se presenta como una medida de ciberseguridad, ha sido criticada por organizaciones civiles y expertos, quienes argumentan que su ambigüedad puede ser utilizada para silenciar a quienes critican al gobierno o exponen casos de corrupción.
Además, en el Congreso de la Unión se discuten al menos tres propuestas de leyes federales que otorgan al Estado facultades para espiar y bloquear información en plataformas digitales. Estas iniciativas han sido calificadas como un intento de controlar el discurso público y limitar la capacidad de los ciudadanos para expresar sus opiniones sin temor a represalias. La situación se agrava con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que solía ser un recurso fundamental para periodistas y ciudadanos que buscaban información pública.
**Persecución Judicial y Acoso a Periodistas**
La persecución judicial contra periodistas ha aumentado drásticamente, con un promedio de una demanda cada tres semanas en lo que va del año. Este acoso se dirige principalmente a aquellos que investigan temas sensibles como la corrupción y el crimen organizado. La utilización del sistema legal como herramienta para silenciar voces críticas es una tendencia preocupante que refleja un deterioro en el estado de derecho y en la protección de la libertad de expresión en México.
Casos recientes, como el de Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna, quien fue vinculado a proceso por incitación al odio, ilustran cómo las leyes pueden ser manipuladas para atacar a quienes se atreven a cuestionar al poder. Asimismo, la imposición de medidas cautelares que incluyen censura previa contra periodistas y ciudadanos que expresan opiniones críticas es un claro indicativo de la creciente represión.
Las organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el riesgo de que estas leyes se repliquen en otros estados gobernados por Morena, lo que podría establecer un patrón de control político que amenace la libertad de expresión en todo el país. La falta de un marco legal que proteja a los periodistas y a la sociedad civil en general es un factor que contribuye a este clima de miedo y autocensura.
**El Impacto en la Sociedad Civil y el Futuro de la Libertad de Expresión**
La implementación de leyes como la Ley Censura no solo afecta a los periodistas, sino que también tiene un impacto profundo en la sociedad civil. La posibilidad de ser penalizados por expresar opiniones o criticar al gobierno puede llevar a un ambiente de miedo que inhiba el debate público y la participación ciudadana. La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier democracia, y su erosión puede tener consecuencias devastadoras para la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.
Expertos advierten que el avance de estas legislaciones podría desencadenar una «cascada de reformas» en otros estados, donde los gobernadores de Morena podrían adoptar medidas similares para consolidar su control. La falta de un diálogo abierto y la imposición de normativas sin un debate adecuado son señales de un retroceso en los derechos humanos y la libertad de expresión.
La comunidad internacional, a través de organizaciones como Amnistía Internacional, ha instado al gobierno mexicano a reconsiderar estas reformas y abrir espacios de diálogo con expertos y la sociedad civil. La ciberseguridad no debe ser utilizada como pretexto para criminalizar la opinión o censurar a quienes alzan la voz. La protección de los derechos humanos y la libertad de expresión deben ser prioritarios en cualquier legislación que se implemente.
En este contexto, es crucial que los ciudadanos, periodistas y organizaciones de derechos humanos se mantengan alertas y activos en la defensa de la libertad de expresión. La lucha contra la censura y la protección de los derechos fundamentales es una responsabilidad compartida que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. La historia ha demostrado que la vigilancia y la represión solo conducen a un debilitamiento de la democracia, y es imperativo que se tomen medidas para salvaguardar el derecho a la libre expresión en México.
