La violencia sexual en México ha alcanzado niveles alarmantes, con estadísticas que revelan que cada hora, dos mujeres son víctimas de violación. Este fenómeno no solo es un problema social, sino también un reflejo de la impunidad y la falta de atención a las necesidades de las víctimas. En marzo de 2025, se registró un incremento significativo en los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, lo que ha llevado a que este mes sea considerado el más violento para las mujeres en el país. Las cifras son desgarradoras: más de 10 mil 457 mujeres y niñas han sido víctimas de violación en lo que va del año, lo que equivale a un promedio de 58 casos diarios. Este artículo explora la magnitud de la violencia sexual en México, las estadísticas recientes y las respuestas necesarias para abordar esta crisis.
La violencia sexual en México es un problema que ha persistido durante años, pero las cifras recientes son un llamado urgente a la acción. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han abierto más de 7 mil 436 carpetas de investigación por violación simple y 3 mil 21 por violación equiparada. Las entidades más afectadas incluyen el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato e Hidalgo. Este aumento en los delitos sexuales no solo refleja un problema de seguridad, sino también una crisis de confianza en las instituciones encargadas de proteger a las mujeres.
La violencia sexual no se limita a la violación; también incluye abuso, acoso y hostigamiento. En marzo, se registraron 3 mil 141 carpetas por abuso sexual, mil 132 por acoso sexual y 301 por hostigamiento sexual. A nivel nacional, las cifras son igualmente alarmantes, con un total de 16 mil 761 carpetas de investigación por abuso sexual y 5 mil 934 por acoso sexual. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un fenómeno cotidiano, y muchas víctimas se sienten desprotegidas y solas en su lucha por la justicia.
La respuesta del gobierno y las organizaciones civiles es crucial en este contexto. María Elena Esparza Guevara, fundadora de Ola Violeta, A.C., ha subrayado la necesidad de que el Estado proporcione servicios de acompañamiento con perspectiva de género a las víctimas. Esto incluye la creación de líneas de auxilio y campañas de sensibilización para que las mujeres conozcan sus derechos y sepan cómo acceder a la justicia. En la Ciudad de México, se ha implementado un programa de Abogadas de las Mujeres, que busca ofrecer un apoyo legal especializado a las víctimas de violencia sexual. Esta iniciativa es un paso positivo, ya que muchas mujeres se sienten más cómodas siendo atendidas por otras mujeres, especialmente después de haber sufrido un trauma.
Sin embargo, el camino hacia la justicia es complicado. Muchas víctimas enfrentan el miedo y la culpa, lo que dificulta su capacidad para denunciar. La doctora y consejera en género del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX ha señalado que el delito de violación no prescribe, lo que significa que las víctimas pueden denunciar en cualquier momento. Sin embargo, esto a menudo requiere un proceso terapéutico y de acompañamiento psicológico, ya que hablar sobre la agresión puede ser extremadamente doloroso y complicado.
La violencia sexual también se manifiesta en el contexto familiar, donde muchas veces el agresor es un familiar o amigo cercano. Esto complica aún más la situación, ya que las víctimas pueden sentir una dependencia emocional o económica hacia su agresor. La doctora Esparza Guevara ha destacado que en ocho de cada diez casos de abuso sexual infantil, el agresor es alguien del entorno familiar. Esto pone de relieve la necesidad de abordar la violencia sexual desde una perspectiva más amplia, que incluya la educación y la prevención en las familias y comunidades.
La impunidad es otro de los grandes obstáculos en la lucha contra la violencia sexual. A pesar de que se abren carpetas de investigación, muchas veces los casos no se resuelven y los agresores permanecen en libertad. La falta de pruebas y la dificultad para obtener testimonios son factores que contribuyen a esta situación. En este sentido, la implementación de un banco de ADN de agresores sexuales en la Ciudad de México ha sido un avance significativo, ya que permite a las autoridades contar con herramientas más efectivas para investigar y procesar estos delitos.
La violencia sexual en México es un problema que requiere una respuesta integral y coordinada. Es fundamental que las autoridades, organizaciones civiles y la sociedad en general trabajen juntos para crear un entorno más seguro para las mujeres y niñas. Esto incluye no solo la mejora de los servicios de atención a las víctimas, sino también la promoción de campañas de sensibilización y educación que aborden las raíces de la violencia de género.
Además, es esencial que se implementen políticas públicas que garanticen la protección de las mujeres y que se castigue a los agresores de manera efectiva. La creación de protocolos claros para la atención de casos de violencia sexual y la capacitación de las fuerzas del orden en la atención a víctimas son pasos necesarios para reducir la impunidad y fomentar la confianza en el sistema de justicia.
La violencia sexual es un problema que afecta a toda la sociedad, y su erradicación requiere un compromiso colectivo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la lucha contra esta crisis. Desde la educación en el hogar hasta la participación en iniciativas comunitarias, todos podemos contribuir a crear un entorno más seguro y justo para las mujeres y niñas en México. La violencia sexual no debe ser un tema tabú; es hora de que hablemos abiertamente sobre este problema y trabajemos juntos para encontrar soluciones efectivas.
