El delito de rapto ha sido un tema controvertido en el estado de Hidalgo, donde se han acumulado 24 carpetas de investigación en la última década. Este delito, que se busca eliminar del Código Penal a través de una iniciativa presentada en el Congreso local, ha sido objeto de críticas por su naturaleza anacrónica y discriminatoria. La diputada local Tania Meza Escorza, del partido Morena, ha liderado esta propuesta, argumentando que la figura jurídica del rapto perpetúa estereotipos de género y normaliza la violencia contra mujeres y niñas.
**Contexto del Delito de Rapto en Hidalgo**
Desde 2015 hasta 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado un total de 24 carpetas de investigación por el delito de rapto en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Los años más críticos fueron 2019, con seis casos, y 2020, con cinco. En contraste, los años 2015, 2016 y de 2021 a 2025 solo registraron un caso cada uno. Esta tendencia sugiere que, aunque el delito no es común, su existencia sigue siendo relevante en la discusión sobre la violencia de género en la región.
El Código Penal actual establece que quien se apodere de una persona mediante violencia o engaño, con el propósito de satisfacer deseos eróticos o para casarse, enfrenta una pena de uno a seis años de prisión y multas que oscilan entre 10 y 60 días de salario. Además, se contempla una mayor severidad en las penas si la víctima es menor de 18 años o no tiene la capacidad de resistir el hecho delictuoso. Sin embargo, la diputada Meza argumenta que esta legislación es obsoleta y no se alinea con los estándares de derechos humanos que se esperan en la actualidad.
**La Propuesta de Reforma y sus Implicaciones**
La iniciativa presentada por Tania Meza busca derogar el delito de rapto, con el objetivo de modernizar la legislación del estado de Hidalgo y alinearla con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y no discriminación. La diputada ha señalado que Hidalgo y Nuevo León son las únicas entidades federativas que aún contemplan este tipo penal, lo que representa un rezago legislativo que no se puede ignorar.
La propuesta ha sido turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, lo que abre la puerta a un debate más amplio sobre la violencia de género y la necesidad de reformar leyes que perpetúan la desigualdad. La eliminación del delito de rapto no solo busca actualizar el marco legal, sino también enviar un mensaje claro sobre la postura del estado frente a la violencia contra las mujeres y la protección de sus derechos.
La diputada Meza ha enfatizado que la derogación del delito de rapto es un paso necesario para avanzar hacia una sociedad más equitativa, donde se reconozcan y respeten los derechos de todas las personas, independientemente de su género. La propuesta también busca contribuir a la erradicación de estereotipos que han sido dañinos y que han perpetuado la violencia en diversas formas.
La discusión sobre esta iniciativa no solo se limita al ámbito legal, sino que también toca aspectos culturales y sociales que han sido parte de la identidad de la región. La necesidad de cambiar la percepción sobre el rapto y otros delitos relacionados con la violencia de género es fundamental para construir un entorno más seguro y justo para todos.
En resumen, la propuesta de reforma al Código Penal en Hidalgo representa una oportunidad para revisar y actualizar las leyes que afectan a las mujeres y niñas en el estado. La eliminación del delito de rapto podría ser un paso decisivo hacia la igualdad de género y la protección de los derechos humanos, alineando a Hidalgo con las mejores prácticas en la materia y contribuyendo a un cambio cultural necesario para erradicar la violencia de género en todas sus formas.
