En un esfuerzo por mejorar la seguridad pública y evitar tragedias provocadas por trabajos de construcción mal ejecutados, el estado de Tamaulipas ha presentado una innovadora iniciativa de ley que busca regular las actividades de las empresas constructoras. Esta propuesta surge tras una serie de explosiones y accidentes que han dejado un saldo trágico en varias localidades, como Ciudad Madero y Matamoros, donde la infraestructura subterránea ha sido dañada por obras inadecuadas.
La iniciativa, impulsada por el diputado Francisco Cruz, presidente de la Comisión de Energía del Congreso Local, tiene como objetivo principal obligar a las empresas que realicen trabajos en la vía pública a notificar a las compañías de servicios básicos, como electricidad, agua y gas, antes de iniciar cualquier actividad. Esto es crucial, ya que muchas de estas empresas han comenzado sus labores sin tener en cuenta la presencia de ductos subterráneos, lo que ha resultado en incidentes fatales.
### La importancia de la infraestructura subterránea
Tamaulipas cuenta con una vasta red de infraestructura subterránea que incluye servicios esenciales como agua, electricidad y gas. En localidades industriales como Ciudad Madero y Matamoros, la densidad de esta infraestructura es aún mayor, lo que incrementa el riesgo de accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. El secretario de Desarrollo Energético del estado, Walter Julián Ángel Jiménez, ha enfatizado que la falta de comunicación entre las empresas constructoras y los proveedores de servicios ha sido un factor determinante en la ocurrencia de explosiones y otros incidentes.
Jiménez ha señalado que muchas constructoras inician sus trabajos sin verificar si hay infraestructura subterránea en el área, lo que puede llevar a daños severos. En el caso del gas, las consecuencias pueden ser devastadoras, como se ha visto en incidentes anteriores donde las explosiones han causado lesiones graves y pérdidas humanas. La nueva ley busca establecer un protocolo claro que obligue a las empresas a informar sobre sus actividades y a coordinarse con los propietarios de la infraestructura para evitar futuros desastres.
### Responsabilidad de las empresas
Otro aspecto fundamental de la iniciativa es la responsabilidad que se busca imponer a las empresas constructoras. Según la propuesta, las compañías deberán hacerse responsables de cualquier daño que causen a la infraestructura existente y de las consecuencias que surjan de sus acciones. Esto incluye no solo la reparación de los daños, sino también la compensación a las víctimas de incidentes relacionados con sus trabajos.
La iniciativa se ha gestado a partir de casos trágicos, como el de Thalía, una joven que sufrió quemaduras en casi el 100% de su cuerpo tras la explosión de su vivienda en Matamoros. Este tipo de incidentes ha generado un clamor social por una mayor regulación y control en las actividades de las empresas constructoras. Jiménez ha instado a las víctimas a seguir de cerca el desarrollo de esta iniciativa, que busca prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.
Además, el secretario de Energía ha destacado que la mayoría de los trámites relacionados con la construcción y la infraestructura están mal presentados, lo que contribuye a los retrasos y a la frustración de los ciudadanos. Ocho de cada diez trámites que se ingresan ante la Federación presentan irregularidades, lo que ha llevado a que muchos ciudadanos se quejen de la lentitud en la obtención de permisos necesarios para sus proyectos.
La propuesta de ley no solo busca regular las actividades de las constructoras, sino también mejorar la eficiencia en la gestión de trámites relacionados con la infraestructura. Jiménez ha mencionado que la corrupción y las malas prácticas en la presentación de documentos han sido un obstáculo significativo en el avance de proyectos, y que es necesario erradicar estas prácticas para garantizar un desarrollo seguro y ordenado en el estado.
La iniciativa de Tamaulipas se presenta como un modelo a seguir para otras entidades del país, donde la falta de regulación en la construcción ha llevado a situaciones similares. Con esta propuesta, se espera no solo prevenir tragedias, sino también fomentar un ambiente de responsabilidad y colaboración entre las empresas y los proveedores de servicios, asegurando así la seguridad de la población y la integridad de la infraestructura crítica.
