El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado medidas decisivas para garantizar la equidad en el proceso electoral judicial en México. En una reciente sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, se aprobó por unanimidad la orden de eliminar publicaciones pagadas en redes sociales que favorecían a dos candidatas al Tribunal de Disciplina Judicial. Esta acción se enmarca dentro de un contexto más amplio de vigilancia y regulación de la publicidad electoral, especialmente en plataformas digitales.
### Medidas Cautelares y Publicidad Irregular
La decisión del INE se centró en las publicaciones pagadas que promovían a Anabel Gordillo Argüello y Eva Verónica de Gyvez Zárate, candidatas a magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. Estas publicaciones fueron difundidas a través de la cuenta Renovación MX en Facebook, lo que generó preocupaciones sobre la equidad en la contienda electoral. Un ciudadano presentó una queja argumentando que la publicidad pagada favorecía a las candidatas y constituía un uso indebido de financiamiento privado en el proceso electoral.
Durante la sesión, se destacó que las publicaciones en cuestión no cumplían con los parámetros establecidos por la normativa electoral. La ley prohíbe que se realicen erogaciones para potenciar contenidos digitales y que las candidaturas reciban apoyo financiero de personas físicas o morales durante el proceso electoral. Esta normativa busca prevenir la desigualdad en la contienda y asegurar que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades de ser escuchados y considerados por el electorado.
Además de la eliminación de las publicaciones, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE también evaluó la posibilidad de emitir una tutela preventiva para frenar la promoción de propaganda electoral. Sin embargo, se decidió no proceder con esta medida, ya que se consideró que se trataba de hechos futuros cuya realización era incierta.
### Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso Electoral
En la misma sesión, Hugo Patlán, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), presentó un informe sobre los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) iniciados en el marco del proceso electoral judicial federal. Desde el 23 de septiembre de 2024 hasta el 23 de mayo de 2025, se han iniciado un total de 157 PES. De estos, 76 fueron desechados, 64 están en proceso de sustentación y siete han sido remitidos a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El informe también reveló que de los 23 PES relacionados con violencia política de género, 11 fueron desechados y 12 están en sustentación. Además, se han abierto 43 cuadernos de antecedentes, de los cuales 39 han sido cumplidos y cuatro están en trámite. Este panorama refleja la complejidad y la seriedad con la que el INE está abordando las irregularidades en el proceso electoral, especialmente en un contexto donde la violencia política de género sigue siendo un tema crítico.
De los 87 acuerdos de desechamiento dictados por la UTCE, 22 han sido impugnados ante la Sala Superior del TEPJF. De estas impugnaciones, el tribunal ha confirmado 19, mientras que tres aún están pendientes de resolución. Este proceso de revisión y sanción es fundamental para mantener la integridad del sistema electoral y asegurar que todos los actores políticos actúen dentro del marco legal establecido.
La intervención del INE en este caso subraya la importancia de la regulación de la publicidad electoral en un entorno donde las redes sociales juegan un papel cada vez más crucial en la comunicación política. La capacidad de las plataformas digitales para amplificar mensajes puede crear desigualdades significativas si no se gestionan adecuadamente, lo que hace que la vigilancia y la regulación sean esenciales para la salud de la democracia.
La situación actual en el proceso electoral judicial en México es un recordatorio de que la transparencia y la equidad son pilares fundamentales en cualquier democracia. A medida que se acercan las elecciones, es probable que el INE continúe monitoreando de cerca las actividades de los candidatos y las campañas, asegurando que todos los participantes cumplan con las normativas establecidas y que el proceso electoral se lleve a cabo de manera justa y equitativa.
