El nuevo Presupuesto de Egresos para el año 2026 ha generado un gran debate en Coahuila, donde se percibe que, a pesar de los anuncios del gobierno federal sobre «aumentos históricos» en el gasto federalizado, la realidad es bastante diferente. Los datos oficiales indican que las participaciones federales (Ramo 28) aumentan un 5% y las aportaciones (Ramo 33) solo un 2.7%. Sin embargo, con una inflación que ronda el 5%, estos incrementos se desvanecen en la práctica, dejando a Coahuila en una situación financiera complicada.
El análisis del presupuesto revela que, en términos reales, Coahuila enfrentará una pérdida de poder adquisitivo que oscila entre 1,200 y 1,800 millones de pesos. Esto se traduce en menos recursos para áreas críticas como hospitales, escuelas, seguridad pública y servicios básicos como drenaje y alumbrado. La situación es aún más preocupante si se considera que el Ramo 28, que proporciona fondos para la seguridad y servicios públicos, no experimenta un crecimiento real, mientras que el Ramo 33, destinado a salud y educación, se ve afectado por el aumento de precios.
### Un Presupuesto que No Fortalece a Coahuila
Marcelo Torres Cofiño, un destacado político de la región, ha sido vocal en su crítica hacia el presupuesto, argumentando que este no solo no fortalece a Coahuila, sino que lo debilita. Según Torres, el gobierno federal está desviando miles de millones hacia proyectos como Pemex y obras de gran envergadura, mientras que los municipios deben hacer malabares para mantener los servicios esenciales. Esta situación ha llevado a muchos a calificar el presupuesto como un «recorte disfrazado de aumento», donde los pesos son los mismos, pero su valor real ha disminuido.
La crítica se centra en que, a pesar de que Coahuila es un estado que produce y trabaja arduamente, el gobierno de Morena parece castigar el esfuerzo y premiar la obediencia. Torres ha enfatizado que no se trata de pedir favores, sino de exigir respeto, equidad y justicia para la población de Coahuila. Este sentimiento de descontento se ha intensificado entre los ciudadanos, quienes ven cómo sus necesidades básicas no están siendo atendidas adecuadamente.
### Consecuencias para los Servicios Públicos
La reducción en el poder adquisitivo de Coahuila tendrá repercusiones directas en los servicios públicos. Con menos recursos disponibles, los municipios se enfrentarán a desafíos significativos para mantener la calidad de vida de sus habitantes. La falta de fondos suficientes para hospitales podría traducirse en una atención médica deficiente, mientras que las escuelas podrían ver recortes en programas educativos y recursos necesarios para el aprendizaje.
Además, la seguridad pública podría verse comprometida, ya que los fondos del Ramo 28 son cruciales para la contratación de policías y la adquisición de equipo necesario para combatir el crimen. La falta de inversión en infraestructura básica, como el drenaje y el alumbrado, también podría generar problemas de salud pública y aumentar la inseguridad en las comunidades.
La situación se vuelve aún más crítica cuando se considera que los municipios deben asumir más responsabilidades sin el respaldo financiero necesario. Esto podría llevar a un aumento en la carga fiscal para los ciudadanos, quienes ya enfrentan costos más altos en servicios básicos debido a la inflación. La presión sobre los gobiernos locales para cumplir con las expectativas de sus ciudadanos se intensifica, y muchos se preguntan cómo podrán hacerlo con recursos limitados.
En este contexto, es fundamental que los líderes locales y estatales se unan para abogar por una distribución más equitativa de los recursos federales. La necesidad de un diálogo constructivo entre el gobierno federal y los estados es más urgente que nunca, ya que la salud y el bienestar de la población dependen de ello. La situación actual no solo afecta a Coahuila, sino que refleja un problema más amplio en la gestión de los recursos públicos en todo el país.
La crítica al presupuesto de Egresos 2026 es un llamado a la acción para que los ciudadanos y sus representantes exijan un cambio en la forma en que se distribuyen los recursos. La equidad y la justicia son principios fundamentales que deben guiar la política fiscal, y es responsabilidad de todos asegurarse de que se respeten. La lucha por un presupuesto que realmente beneficie a Coahuila y a sus habitantes continúa, y es un tema que seguirá siendo relevante en el futuro cercano.
