En un desarrollo alarmante en el ámbito del contrabando de combustibles, el empresario estadounidense James Jensen ha sido acusado de traficar crudo robado a Pemex, la empresa estatal mexicana de petróleo. Este caso ha revelado una compleja red de empresas y conexiones que se extienden desde México hasta Estados Unidos, involucrando a miembros de la familia Jensen en actividades ilícitas que datan de más de una década.
### La Red de Empresas y el Huachicol
Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, las empresas Comexperts, Doble Erre Continentales y Comercializadora Atax, todas con sede en Monterrey, México, exportaron aproximadamente 130 millones de litros de lo que supuestamente eran desechos de aceite de petróleo hacia Maxim Crude Oil, una compañía vinculada a los Jensen. Esta operación ha sido identificada por las autoridades estadounidenses como parte de una red de huachicol que involucra a grupos criminales mexicanos. Los registros aduaneros indican que los envíos se realizaron a través de la aduana de Piedras Negras, Coahuila, un punto crítico en esta trama.
James Jensen ha estado en la mira de las autoridades desde 2011, cuando Pemex presentó una demanda civil en su contra y otras empresas por la venta de gas condensado robado. Este gas era sustraído por cárteles del narcotráfico en la Cuenca de Burgos, una región clave para la producción de petróleo en México. La acusación actual, presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas, sostiene que Jensen y su hijo, Maxwell, introdujeron ilegalmente más de 2,881 cargamentos de petróleo crudo, disfrazados como desechos de aceite, utilizando facturas y declaraciones falsas.
La situación se complica aún más con la reciente ampliación de la acusación, que incluye la imputación de que los Jensen proporcionaron recursos al Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que ha sido designada como terrorista por el gobierno estadounidense. Este vínculo ha llevado a un mayor escrutinio sobre las operaciones de las empresas involucradas y su relación con el crimen organizado.
### Implicaciones Legales y Financieras
El caso ha tomado un giro dramático con la detención de James Jensen y su esposa, Kelly Anne Jensen, en su mansión en Sandy, Utah, el 23 de abril. Las autoridades han señalado que la familia lavó las ganancias de sus actividades ilícitas, enviando aproximadamente 47 millones de dólares a México, que fueron recibidos por empresas controladas por organizaciones criminales. Esta situación ha generado un debate sobre la responsabilidad de las empresas y los individuos involucrados en el tráfico de combustibles robados, así como sobre la efectividad de las regulaciones en la frontera entre México y Estados Unidos.
Las empresas Comexperts y Doble Erre Continentales han enfrentado problemas legales en el pasado, incluyendo la suspensión del padrón sectorial de exportadores por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, debido a la falta de presentación de declaraciones de impuestos. A pesar de esto, continuaron operando y realizando envíos significativos de crudo hacia Estados Unidos, lo que plantea preguntas sobre la supervisión y el control de las aduanas en México.
Además, se ha revelado que los Jensen arrendaron 180 vagones tipo pipa al First-Citizens Bank & Trust Company para transportar el petróleo crudo a través de ferrocarril. Sin embargo, el banco ha presentado una demanda civil contra Maxim Crude Oil, alegando que la empresa dejó de pagar el alquiler de los vagones, acumulando una deuda de 1.8 millones de dólares. Esta situación financiera tensa podría complicar aún más la defensa de los Jensen en el caso actual.
La historia de James Jensen y su familia no es solo un caso aislado de contrabando de combustibles; es un reflejo de un problema más amplio que afecta a la industria del petróleo y la seguridad en la frontera. Las conexiones entre el crimen organizado y las empresas legítimas han creado un entorno donde el huachicol prospera, y las autoridades enfrentan el desafío de desmantelar estas redes complejas.
A medida que avanza el caso, se espera que se revelen más detalles sobre la operación de los Jensen y su red de empresas. La atención se centrará no solo en las acciones de la familia, sino también en cómo las autoridades de ambos países pueden trabajar juntas para abordar el problema del huachicol y sus implicaciones para la seguridad nacional y la economía.
