En el estado de Michoacán, la situación de seguridad ha alcanzado niveles alarmantes debido a la creciente utilización de explosivos artesanales por parte de grupos criminales. Esta problemática no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también pone en grave riesgo a la población civil. Las autoridades han detectado que los cárteles de la región, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, están reclutando a artesanos y coheteros para fabricar explosivos que utilizan en sus enfrentamientos y para controlar territorios.
La Tierra Caliente de Michoacán, que incluye municipios como Apatzingán, Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, se ha convertido en un campo de batalla donde la colocación de minas y el uso de drones cargados de explosivos son tácticas comunes. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, se han decomisado más de 3,000 artefactos explosivos improvisados en esta región, lo que evidencia la magnitud del problema.
### La fabricación de explosivos artesanales
La fabricación de explosivos artesanales en Michoacán se ha vuelto un negocio lucrativo para los cárteles. Los grupos criminales han comenzado a reclutar a personas con conocimientos en pirotecnia y explosivos, ya sea bajo amenazas o por voluntad propia. Estos artesanos son capaces de crear artefactos explosivos utilizando pólvora y otros materiales que obtienen de ferreterías o que roban de la industria minera. Esta práctica ha permitido a los cárteles diversificar sus métodos de ataque y defensa, aumentando su capacidad de daño.
Carlos Roberto Gómez Ruiz, subdirector del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP, ha señalado que la minería en México maneja explosivos para la extracción de minerales, y que este mismo material es utilizado por los grupos delictivos. La facilidad de acceso a estos recursos ha facilitado la proliferación de explosivos en la región, lo que ha llevado a un incremento en la violencia y en el número de víctimas.
La utilización de minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados ha tenido consecuencias devastadoras. No solo han causado la muerte de civiles, sino que también han cobrado la vida de miembros de las Fuerzas Armadas que patrullan áreas controladas por el crimen organizado. La situación es tan crítica que un juez federal ha ordenado a los gobiernos federal y estatal implementar medidas efectivas para identificar y desactivar las zonas minadas, con el fin de proteger a la población y prevenir el desplazamiento forzado.
### Impacto en la población civil
La población civil en Michoacán vive en un estado constante de temor debido a la amenaza de los explosivos. Las minas y los artefactos explosivos improvisados no solo representan un peligro para quienes transitan por las áreas afectadas, sino que también han llevado a un desplazamiento forzado de personas que temen por su vida. Las comunidades más afectadas, como Aguililla y Buenavista Tomatlán, han visto cómo sus habitantes abandonan sus hogares en busca de seguridad.
El impacto psicológico de esta violencia es profundo. Las familias que permanecen en la región viven con el miedo constante de ser víctimas de una explosión, lo que afecta su calidad de vida y su bienestar emocional. Además, la situación ha llevado a un aumento en la migración interna, ya que muchas personas buscan escapar de la violencia y la inseguridad.
Las autoridades han reconocido la gravedad de la situación y han comenzado a tomar medidas. Sin embargo, la implementación de estas acciones es un proceso lento y complicado, especialmente en un contexto donde los cárteles tienen un control significativo sobre el territorio. La falta de recursos y la corrupción en algunos niveles de gobierno también complican la respuesta a esta crisis.
La problemática de los explosivos artesanales en Michoacán es un reflejo de la complejidad del narcotráfico en México. La combinación de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades ha creado un caldo de cultivo para el reclutamiento de personas en actividades delictivas. Mientras los cárteles continúen utilizando tácticas de guerra convencional, como la colocación de minas y el uso de drones, la situación seguirá siendo crítica.
En este contexto, es fundamental que las autoridades implementen estrategias efectivas para desactivar los explosivos y proteger a la población. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la participación de la sociedad civil son esenciales para abordar esta crisis de manera integral. Solo así se podrá garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de Michoacán, que han sido víctimas de la violencia y el terror que imponen los grupos criminales.
