La reciente decisión de la Secretaría Anticorrupción y el Congreso de Tamaulipas ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de las políticas de inclusión y derechos humanos en el estado. En un caso que ha captado la atención de la opinión pública, se ha determinado que el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado (Ipsset) deberá reparar el daño causado a un esposo de un trabajador del gobierno, quien fue excluido de la seguridad social debido a su orientación sexual.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhet) emitió la recomendación 06/2025, en la que se responsabiliza al Ipsset por la negativa a afiliar al cónyuge como beneficiario. Este hecho se considera una clara violación de los derechos humanos, especialmente en un contexto donde los matrimonios igualitarios fueron legalizados en Tamaulipas desde noviembre de 2022. La exclusión del cónyuge no solo contraviene los principios de igualdad establecidos en la Constitución, sino que también ignora los avances legislativos que buscan garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual.
### La Lucha por la Igualdad en Tamaulipas
Desde la legalización de los matrimonios igualitarios, se esperaba que las instituciones del estado se adaptaran a esta nueva realidad y garantizaran el acceso a todos los beneficios que conlleva la unión legal. Sin embargo, la negativa del Ipsset a reconocer la relación del trabajador con su esposo pone de manifiesto la resistencia que aún persiste en algunos sectores de la administración pública. La directora general del Ipsset argumentó que los matrimonios del mismo sexo no eran reconocidos en sus estatutos, a menos que existiera una orden judicial o una reforma a la norma.
Este tipo de justificaciones no solo son obsoletas, sino que también reflejan una falta de comprensión sobre los derechos humanos y la diversidad. La Codhet ha enfatizado que las personas que pertenecen a la diversidad sexual no son ciudadanos de segunda clase y deben gozar de los mismos derechos que cualquier otra persona. La recomendación de la Codhet incluye la necesidad de que el Ipsset registre al cónyuge del trabajador y le brinde todos los beneficios de seguridad social a los que tiene derecho.
Además, se ha solicitado que se implemente una capacitación en derechos humanos para todo el personal del Ipsset, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Esta medida es crucial para garantizar que todos los empleados del instituto comprendan la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad en el ámbito laboral y social.
### Implicaciones Legales y Sociales
La situación en Tamaulipas no es un caso aislado, sino que se inscribe dentro de un contexto más amplio de lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+. La legalización del matrimonio igualitario fue un paso significativo, pero la implementación de políticas inclusivas y la eliminación de la discriminación son igualmente importantes. La negativa del Ipsset a reconocer la relación del trabajador con su esposo no solo afecta a la pareja en cuestión, sino que también envía un mensaje negativo a la sociedad sobre la aceptación y el respeto hacia la diversidad sexual.
La Codhet ha señalado que la exclusión del cónyuge del acceso a la seguridad social es contraria a los principios constitucionales de igualdad y a los tratados internacionales que México ha firmado. Estos tratados obligan al estado a garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción. La falta de acción por parte de las instituciones puede llevar a un retroceso en los avances logrados en materia de derechos humanos y a un aumento de la discriminación en la sociedad.
La recomendación de la Codhet también implica que los nombres de la pareja afectada deben ser inscritos en el registro de víctimas, como parte de la reparación del daño. Este reconocimiento es un paso importante para visibilizar las injusticias que enfrentan las personas LGBTQ+ y para fomentar un ambiente de respeto y aceptación en la sociedad.
La situación en Tamaulipas es un recordatorio de que, aunque se han logrado avances significativos en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+, aún queda un largo camino por recorrer. La implementación de políticas inclusivas y la capacitación en derechos humanos son esenciales para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual, sean tratados con dignidad y respeto. La lucha por la igualdad y la justicia continúa, y es responsabilidad de todos contribuir a un cambio positivo en la sociedad.
