En un contexto de creciente preocupación por la seguridad en México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha hecho declaraciones impactantes sobre el sistema judicial del país. Durante una reciente conferencia matutina, Harfuch reveló que más de 100 delincuentes han sido liberados debido a decisiones judiciales que él califica de «alarmantes». Esta situación ha generado un intenso debate sobre la eficacia del sistema judicial y su papel en la lucha contra el crimen organizado.
**Decisiones Judiciales y su Impacto en la Seguridad**
Desde el año 2024 hasta mayo de 2025, se han registrado un total de 193 determinaciones de órganos jurisdiccionales que han beneficiado a presuntos delincuentes. Estas decisiones incluyen traslados, liberaciones y egresos definitivos de personas que enfrentan cargos por delitos graves como secuestro, homicidio y portación de armas de fuego. Harfuch destacó que, de estas determinaciones, se concretaron 164 egresos por cambios en medidas cautelares, así como 27 traslados a centros penitenciarios de mínima seguridad, lo que ha permitido que más de 100 delincuentes regresen a las calles.
El secretario de Seguridad enfatizó que muchas de estas decisiones se tomaron a pesar de las recomendaciones de la Secretaría de Prevención y Reinserción Social, que consideró que los traslados no eran viables debido a la peligrosidad de los reclusos. «Estos sujetos requerían medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta», afirmó Harfuch, lo que pone en tela de juicio la capacidad del sistema judicial para manejar casos de alta complejidad.
Entre los jueces mencionados por Harfuch se encuentra Gregorio Salazar Hernández, quien ha sido señalado por facilitar la liberación de individuos procesados por delitos de delincuencia organizada y corrupción. Un caso notable es el de Gerardo Ponce Alaniz, un líder del Cártel del Pacífico, quien fue trasladado a un penal estatal donde se encontraron armas y drogas durante un operativo reciente. Este tipo de situaciones ha llevado a cuestionar la integridad de las decisiones judiciales y su alineación con los esfuerzos de las fuerzas de seguridad.
**La Respuesta de las Autoridades y el Clamor Social**
La revelación de Harfuch ha generado un clamor social por una revisión exhaustiva del sistema judicial. La percepción de que los jueces están favoreciendo a delincuentes ha llevado a un aumento en la desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia. La comunidad ha expresado su preocupación por la seguridad pública, especialmente en un país donde el crimen organizado tiene un impacto significativo en la vida cotidiana.
Además, se ha señalado que entre los 42 jueces que han favorecido a delincuentes, algunos han emitido resoluciones que han permitido la liberación de miembros de cárteles de la droga. Por ejemplo, se reporta que 26 integrantes de diversas organizaciones criminales han sido liberados entre octubre de 2024 y abril de 2025. Esto incluye a individuos vinculados con los Cárteles de Sinaloa, Jalisco y Golfo, lo que subraya la gravedad de la situación.
Harfuch también mencionó que, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, que han llevado a cabo más de 20,000 detenciones por delitos de alto impacto en los primeros siete meses del gobierno actual, las decisiones judiciales han socavado estos logros. «Es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes», declaró, reflejando la frustración de las autoridades ante la situación.
La estrategia nacional de seguridad, que ha incluido la detención de más de 20,000 personas y el aseguramiento de 154 toneladas de droga, se ve amenazada por estas decisiones judiciales que parecen contradecir los esfuerzos realizados. La comunidad espera que se tomen medidas para garantizar que el sistema judicial actúe de manera coherente con las necesidades de seguridad del país.
En este contexto, la discusión sobre la reforma judicial se vuelve más relevante que nunca. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y las autoridades deben trabajar conjuntamente para asegurar que el sistema judicial no solo castigue a los delincuentes, sino que también proteja a la ciudadanía y mantenga el orden público. La confianza en el sistema de justicia es fundamental para la estabilidad y seguridad de cualquier nación, y en México, este desafío es más urgente que nunca.
