Recientemente, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados llevó a cabo un foro titulado ‘Reforma de telecomunicaciones: desafíos y oportunidades’, donde se discutió la iniciativa presidencial de Ley de Telecomunicaciones. Este evento reunió a legisladores y expertos, quienes expresaron su preocupación por los posibles efectos negativos de la propuesta, considerándola regresiva y violatoria de acuerdos internacionales como el T-MEC.
La iniciativa, presentada por el gobierno, ha sido objeto de críticas por parte de diversos actores políticos y sociales. Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, fue uno de los principales críticos, argumentando que los ajustes realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum no abordan las amenazas a la libertad de expresión. Monraz describió la propuesta como una «ley censura», señalando que los cambios realizados son meramente superficiales y no resuelven los problemas fundamentales que enfrenta el sector de telecomunicaciones en México.
Durante el foro, Monraz enfatizó que la reforma no solo afecta la libertad de expresión, sino que también podría tener repercusiones en la dignidad de los migrantes, un tema sensible en el contexto actual. Afirmó que el gobierno había utilizado un pretexto para apresurar la aprobación de la ley, lo que generó un ambiente de desconfianza entre los legisladores y la sociedad civil.
Por su parte, Guillermo Bernal, director de Asuntos Públicos de la Cámara Americana de Comercio en México, subrayó que la iniciativa es violatoria del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Según Bernal, la redacción de la propuesta contraviene principios de neutralidad competitiva y otorga al Ejecutivo la capacidad de otorgar concesiones comerciales, lo que podría generar un entorno desigual para los competidores en el mercado.
La falta de independencia de la Agencia de Transformación Digital también fue un punto crítico en las intervenciones de los expertos. María José de Icaza, investigadora del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, advirtió sobre la discrecionalidad que tendría esta agencia en sus decisiones. De Icaza argumentó que la ley establece un régimen de discrecionalidad que podría llevar a decisiones influenciadas por intereses políticos y económicos, lo que pone en riesgo la transparencia y la equidad en el sector.
El diputado Federico Döring, del PAN, también se unió a las críticas, señalando el carácter policial de la iniciativa. Döring cuestionó la posibilidad de que las autoridades puedan cancelar la señal de teléfonos celulares de manera arbitraria, lo que podría tener graves implicaciones para los derechos humanos en un país donde la militarización es un tema recurrente. Afirmó que la ley fue redactada por un «policía» y no por expertos en telecomunicaciones, lo que refleja una falta de comprensión sobre las necesidades del sector y de la población.
La oposición ha comenzado a trabajar en una propuesta alterna que busca abordar las preocupaciones planteadas durante el foro. Los senadores de oposición están en conversaciones para desarrollar un marco legal que garantice la libertad de expresión y la independencia de las instituciones reguladoras. Esta propuesta se presenta como una respuesta a la creciente preocupación por la falta de transparencia y la posible censura que podría derivarse de la iniciativa presidencial.
El debate sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones en México pone de manifiesto la tensión entre el gobierno y la oposición, así como las preocupaciones de la sociedad civil sobre la protección de los derechos fundamentales. La discusión sobre esta legislación es crucial, ya que el acceso a la información y la libertad de expresión son pilares fundamentales en una democracia.
A medida que avanza el proceso legislativo, es probable que continúen las movilizaciones y los foros de discusión, donde se espera que se escuchen diversas voces y se tomen en cuenta las opiniones de expertos y ciudadanos. La situación actual refleja la necesidad de un diálogo abierto y constructivo que permita encontrar un equilibrio entre los intereses del gobierno y los derechos de la población.
La comunidad internacional también está atenta a los desarrollos en este ámbito, dado que la legislación de telecomunicaciones tiene implicaciones que trascienden las fronteras nacionales. La forma en que México maneje esta reforma podría influir en su relación con otros países y en su compromiso con los acuerdos internacionales que ha firmado.
En resumen, la nueva Ley de Telecomunicaciones es un tema candente que ha generado un amplio debate en México. La preocupación por la libertad de expresión, la independencia de las instituciones y el respeto a los derechos humanos son aspectos que deben ser considerados cuidadosamente en el proceso legislativo. La participación activa de la sociedad civil y la oposición es fundamental para asegurar que la reforma no se convierta en un instrumento de censura y control, sino en una herramienta que promueva la equidad y la transparencia en el sector de telecomunicaciones.
