En un giro inesperado de los acontecimientos políticos en México, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), ha solicitado formalmente que la senadora Lilly Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), se separe de sus funciones parlamentarias. Esta petición surge tras las declaraciones de Téllez en una entrevista con un medio estadounidense, donde expresó su apoyo a la intervención de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles de drogas en México. Aguilar Gil argumenta que estas afirmaciones podrían constituir una traición a la patria, lo que ha desatado un intenso debate en el ámbito político.
La controversia comenzó cuando Téllez, en su entrevista, sugirió que la mayoría de los mexicanos respaldan la intervención estadounidense, incluso proponiendo que los cárteles sean considerados organizaciones terroristas. Esta postura ha sido rechazada de manera contundente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha defendido la soberanía nacional y ha criticado cualquier intento de intervención extranjera en los asuntos internos del país.
### La Solicitud de Investigación
Lilia Aguilar Gil ha presentado un exhorto ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado, pidiendo que se evalúe la conducta de Téllez. En su propuesta, solicita que la Comisión de Ética del Senado inicie una investigación sobre las declaraciones de la senadora, argumentando que podrían incitar al odio y subvertir el orden constitucional. Aguilar Gil enfatiza que las palabras de Téllez no solo desinforman sobre la situación política y social de México, sino que también promueven una narrativa hostil desde el extranjero.
La diputada fundamenta su solicitud en el artículo 39 de la Constitución Mexicana, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo y que cualquier intento de vulnerar el orden constitucional es una afrenta directa a la nación. Aguilar Gil sostiene que las declaraciones de Téllez, al utilizar una plataforma internacional para criticar al gobierno mexicano sin presentar evidencia, podrían colaborar con intereses ajenos a la soberanía nacional.
Además, la diputada recuerda que el Código Penal Federal define como traición a la patria aquellos actos que atenten contra la independencia y soberanía de México, incluyendo el apoyo a actores que busquen subvertir el orden constitucional. Esta interpretación ha llevado a muchos a cuestionar la lealtad de Téllez hacia su país y su papel como legisladora.
### Reacciones y Consecuencias
La solicitud de Aguilar Gil ha generado reacciones diversas en el ámbito político. Algunos legisladores han apoyado la iniciativa, argumentando que es fundamental proteger la soberanía nacional y que las declaraciones de Téllez son irresponsables. Por otro lado, hay quienes consideran que esta acción es un ataque político motivado por diferencias ideológicas y que podría sentar un precedente peligroso en la política mexicana.
Lilly Téllez, por su parte, ha defendido su postura, afirmando que su intención es alertar sobre la grave situación de violencia que enfrenta México debido a los cárteles de drogas. En su defensa, ha señalado que su enfoque busca generar un debate sobre la seguridad nacional y la necesidad de tomar medidas efectivas para combatir el crimen organizado. La senadora ha calificado las acusaciones de traición como un intento de silenciar a quienes critican al gobierno y sus políticas.
Este episodio ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre los diferentes partidos políticos en México, así como la polarización en torno a temas de seguridad y soberanía. La discusión sobre la intervención extranjera en asuntos internos ha sido un tema recurrente en la política mexicana, y las declaraciones de Téllez han reavivado este debate, generando un clima de confrontación entre los diferentes actores políticos.
A medida que avanza la situación, será crucial observar cómo se desarrollan las investigaciones solicitadas por Aguilar Gil y qué repercusiones tendrán en la carrera política de Lilly Téllez. La política mexicana se encuentra en un momento crítico, y este tipo de controversias podrían tener un impacto significativo en la percepción pública de los legisladores y en la confianza en las instituciones del país.
