En los últimos años, México ha experimentado una notable reducción en los índices de pobreza, un avance que ha sido atribuido principalmente al aumento del salario mínimo y al crecimiento económico. Sin embargo, a pesar de estos logros, expertos y académicos advierten que persisten importantes desafíos, especialmente en áreas críticas como la salud y la educación. Durante una reciente conferencia organizada por el Consorcio por la Medición y la Evidencia, se discutieron los resultados de la Medición de la Pobreza realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reveló una disminución en la pobreza multidimensional entre 2016 y 2024. A pesar de estos avances, millones de mexicanos continúan enfrentando carencias básicas, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas públicas actuales.
La importancia del financiamiento en políticas sociales es un tema recurrente en el análisis de la pobreza. Organizaciones como México Evalúa, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han coincidido en que el aumento del salario mínimo ha sido un motor clave en la reducción de la pobreza. Sin embargo, también han señalado que la focalización de los programas sociales es deficiente. Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, destacó que dos de cada tres hogares no reciben ningún tipo de apoyo gubernamental. Esta situación es alarmante, ya que, aunque cinco millones de hogares reciben asistencia, diez millones quedan excluidos de estos beneficios.
La directora del CIEP, Alejandra Macías, enfatizó que sin un presupuesto sólido, las políticas sociales no pueden sostenerse. «Las políticas públicas necesitan financiamiento; sin presupuesto, la política pública no sucede», afirmó. Esta declaración resalta la necesidad de un enfoque más integral en la asignación de recursos, que no solo contemple el aumento del salario mínimo, sino que también garantice el acceso a servicios básicos como salud y educación.
Uno de los hallazgos más preocupantes de la Medición de la Pobreza 2024 es el aumento en la población sin acceso a servicios de salud, que ha crecido de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024. A pesar de que el gasto público ha alcanzado niveles históricos, los recursos destinados a salud y educación no han mostrado un aumento proporcional. México Evalúa ha señalado que la inversión en salud se encuentra en apenas el 2.5% del PIB, muy por debajo del 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta falta de inversión no solo afecta la calidad de los servicios de salud, sino que también incrementa la carga financiera sobre las familias, que han visto un aumento del 60% en el gasto de bolsillo por salud entre 2018 y 2024.
La medición de la pobreza y el acceso a servicios de salud son temas complejos que requieren un análisis cuidadoso. Graciela Teruel, experta en el sector, advirtió que los ajustes en la captación de información pueden alterar la forma en que se clasifica a la población con carencias, lo que dificulta la comparación con mediciones anteriores. Esto plantea la pregunta de si los cambios en los datos reflejan un avance real en el acceso a la salud o si son simplemente ajustes en la metodología de medición.
El Consorcio por la Medición y la Evidencia ha hecho un llamado a priorizar la universalidad de derechos en la política social mexicana, así como a establecer un financiamiento sostenible y mecanismos de evaluación independientes. La necesidad de garantizar un bienestar integral va más allá de simplemente reducir la pobreza por ingreso; implica abordar las carencias en salud, educación y vivienda. Los expertos concluyeron que México no puede conformarse con sacar a millones de personas apenas por encima de la línea de pobreza, dejando a muchos con carencias graves.
La situación actual de la pobreza en México es un reflejo de las complejidades inherentes a la implementación de políticas sociales efectivas. A medida que el país avanza hacia la mejora de las condiciones de vida de su población, es crucial que se adopten enfoques más integrales y sostenibles que no solo busquen reducir la pobreza, sino que también aseguren un acceso equitativo a servicios esenciales. La colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y las instituciones académicas será fundamental para enfrentar estos desafíos y construir un futuro más justo y equitativo para todos los mexicanos.
