La situación de la libertad de prensa en México se ha vuelto cada vez más alarmante, con un aumento notable en los casos de censura y agresiones contra periodistas. Según informes recientes, se documenta un caso de censura cada tres semanas, lo que pone de manifiesto un patrón preocupante de hostigamiento y represión en el ejercicio del periodismo. Esta tendencia no solo afecta a los profesionales de la comunicación, sino que también tiene implicaciones profundas para la democracia y el derecho a la información en el país.
**Censura y Agresiones: Un Contexto Alarmante**
En los últimos 18 meses, al menos 27 periodistas han sido víctimas de censura y acoso judicial en México. Estos ataques suelen estar relacionados con críticas a funcionarios, gobernadores y legisladores, especialmente aquellos vinculados al partido Morena. La organización Artículo 19 ha documentado que, en promedio, se producen agresiones contra la prensa cada 12 horas, lo que refleja un entorno hostil para quienes se dedican a informar al público.
Las agresiones no se limitan a la violencia física; también incluyen litigios y demandas por daño moral, así como acusaciones de violencia política de género. Estos mecanismos se utilizan para silenciar a los críticos y frenar investigaciones sobre figuras políticas. A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado cambiar el tono de las conferencias matutinas, la sección «El detector de mentiras» continúa deslegitimando el trabajo periodístico, replicando estrategias de descalificación.
Un caso reciente que ilustra esta problemática es el del periodista Jorge Luis González, quien ha sido objeto de medidas cautelares impuestas por una jueza. Estas medidas exigen que su programa de noticias cuente con un censor y que sus notas sean revisadas antes de su publicación, lo que pone en riesgo la inmediatez y la relevancia de la información. González ha declarado que acatar estas medidas sería equivalente a renunciar a su derecho a la libertad de expresión.
**El Papel de la Violencia Política de Género**
La violencia política de género se ha convertido en una herramienta utilizada para silenciar a las mujeres en el periodismo. Casos como el de la periodista Rubí Soriano, quien recibió una queja por presunta violencia política debido a una publicación crítica, evidencian cómo se utiliza esta forma de violencia para evadir el escrutinio público. Soriano ha señalado que la erradicación de la violencia política de género no debe ser un pretexto para amordazar a quienes ejercen su derecho a la crítica.
El periodista Héctor de Mauleón también ha enfrentado amenazas y demandas por su trabajo, específicamente por una columna que reveló información sensible sobre la Secretaría de la Defensa Nacional. Este tipo de represalias no solo afecta a los periodistas directamente involucrados, sino que también crea un ambiente de miedo que inhibe la libertad de expresión en general.
La situación se agrava con el uso de instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para intimidar y perseguir a periodistas críticos. Este uso del poder institucional para silenciar voces disidentes es un claro indicativo de un patrón de autoritarismo que se está consolidando en el país.
**Un Llamado a la Acción**
La creciente censura y las agresiones contra periodistas en México requieren una respuesta contundente tanto de la sociedad civil como de las instituciones. Es fundamental que los ciudadanos se unan en la defensa de la libertad de expresión y que se establezcan mecanismos de protección para los periodistas. La creación de una organización nacional que abogue por los derechos de los periodistas podría ser un paso importante para visibilizar y combatir esta problemática.
El periodismo es una de las profesiones más difíciles de ejercer en México, con un periodista sufriendo una agresión cada 10 horas. Esta alarmante estadística subraya la necesidad de un compromiso colectivo para proteger la libertad de prensa y garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias. La defensa de la libertad de expresión es esencial para el fortalecimiento de la democracia y el acceso a la información veraz y oportuna.
La situación actual exige que tanto los medios de comunicación como la sociedad civil se mantengan vigilantes y activos en la lucha contra la censura. La voz de los periodistas es crucial para informar a la población y promover un debate público saludable. Sin un periodismo libre, la democracia se ve amenazada, y es responsabilidad de todos proteger este derecho fundamental.