El cierre de fronteras de Estados Unidos al ganado mexicano ha generado un impacto económico significativo, con pérdidas que superan los 400 millones de dólares en lo que va del año. Esta situación se ha visto agravada por un nuevo cierre a la exportación de ganado en pie, anunciado recientemente por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, debido a un brote de gusano barrenador en Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Este brote, aunque se encuentra a más de 500 kilómetros de la frontera, ha llevado a las autoridades estadounidenses a mantener una política de no regionalización, lo que significa que no se distingue entre las zonas afectadas y las que están libres de la plaga.
Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), ha señalado que esta política perjudica a los ganaderos del norte de México, quienes son los principales exportadores de ganado en pie hacia Estados Unidos. A pesar de que el brote no afecta directamente a estas regiones, las restricciones impuestas han resultado en pérdidas económicas acumuladas que podrían aumentar en los próximos meses. Anaya destaca que los estados más afectados son Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, donde la industria ganadera depende en gran medida de las exportaciones hacia el vecino país.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ha expresado su preocupación por la situación y ha solicitado un trato especial para su estado. La propuesta ya ha sido presentada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la esperanza de que se reconozca el estatus privilegiado de Sonora en términos de sanidad e inocuidad. Durazo enfatiza que es crucial que se tomen medidas para proteger a los ganaderos locales, quienes han visto cómo sus operaciones se ven afectadas por decisiones que no consideran la realidad de su situación.
La reciente decisión de cerrar completamente la exportación de ganado en pie ha sido calificada como drástica por Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora. Ochoa recordó que el último cierre, que duró 57 días, dejó a cerca de 100 mil cabezas de ganado sonorense detenidas en los ranchos, lo que generó un impacto económico cercano a los 150 millones de dólares. Esta situación pone en riesgo no solo la estabilidad económica de los ganaderos, sino también la seguridad alimentaria del país.
Por otro lado, Jesús Brígido Coronel, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG), ha manifestado que el sector cuenta con la infraestructura necesaria para detectar y tratar cualquier caso de infección dentro de sus corrales. Coronel ha propuesto que se implemente una estrategia integral de combate a la plaga, que incluya un monitoreo constante y medidas para combatir el medio de contagio. Esta propuesta busca no solo proteger la salud del ganado, sino también asegurar que las exportaciones puedan reanudarse lo antes posible.
La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también ha criticado la decisión de cerrar la frontera, calificándola de exagerada. En una reciente conferencia de prensa, Sheinbaum expresó su confianza en que la frontera se abrirá pronto y que se podrá controlar el brote de gusano barrenador en Veracruz. La jefa de Gobierno ha instado a las autoridades a trabajar en conjunto para demostrar que la situación está bajo control y que no se justifica un cierre total de las exportaciones.
El sector ganadero mexicano enfrenta un desafío considerable ante estas restricciones. Las pérdidas económicas acumuladas son alarmantes y reflejan la necesidad de un enfoque más equilibrado por parte de las autoridades estadounidenses. La falta de regionalización en las políticas de sanidad animal no solo afecta a los ganaderos, sino que también tiene repercusiones en la economía nacional y en la seguridad alimentaria del país.
La situación actual pone de manifiesto la importancia de establecer un diálogo constructivo entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Es fundamental que se reconozcan las realidades del sector ganadero mexicano y se implementen políticas que no solo protejan la salud animal, sino que también consideren las implicaciones económicas de las decisiones tomadas. La colaboración entre ambos países será clave para encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados y que permitan la reactivación de las exportaciones de ganado en pie, vital para la economía de muchas regiones de México.
