La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más preocupantes en México, afectando a una amplia gama de sectores de la sociedad. En respuesta a esta problemática, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha presentado una iniciativa de reforma constitucional que busca otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general para la prevención, sanción y persecución de este delito. Esta propuesta no solo busca mejorar la legislación existente, sino también proporcionar atención a las víctimas de extorsión, un fenómeno que ha crecido de manera alarmante en los últimos años.
La propuesta de Monreal se enmarca en un contexto donde el gobierno federal ha anunciado una estrategia nacional para combatir la extorsión, enfocándose en ocho entidades federativas que concentran aproximadamente el 70% de los casos reportados. Esta estrategia, impulsada por los titulares de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, busca coordinar esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno para abordar de manera integral este delito que ha sido históricamente utilizado por la delincuencia organizada.
### La Extorsión como Problema Estructural
La extorsión no discrimina; afecta a todos los estratos sociales, desde grandes empresarios hasta amas de casa, estudiantes y comerciantes informales. Según la propuesta de reforma, este delito ha alcanzado proporciones estructurales, impactando negativamente la percepción de seguridad en el país. A pesar de que la extorsión está regulada en el Código Penal Federal y en la mayoría de los códigos penales estatales, su prevalencia sigue siendo alarmante. Se estima que 1.3 millones de pequeños y medianos establecimientos han sido afectados, lo que representa el 27.2% de las unidades económicas en México.
La iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución busca no solo armonizar el marco normativo nacional, sino también fortalecer la respuesta institucional ante este delito. Monreal ha señalado que la creación de una ley general en materia de extorsión optimizaría el uso de recursos y garantizaría un acceso igualitario a la justicia y la protección de derechos en todo el país. Esto es crucial, ya que la extorsión no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene un efecto dominó en la economía y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
### Estrategias de Prevención y Sanción
La propuesta de reforma también contempla la necesidad de implementar estrategias de prevención y sanción más efectivas. La extorsión ha evolucionado, y los métodos utilizados por los delincuentes se han adaptado a las nuevas realidades sociales y económicas. Por ello, es fundamental que las autoridades no solo se enfoquen en la persecución de los delincuentes, sino que también desarrollen programas de prevención que eduquen a la población sobre cómo identificar y enfrentar situaciones de extorsión.
Además, la coordinación entre el gobierno federal, los estados y los municipios es esencial para el éxito de esta estrategia. La creación de un marco legal claro y coherente permitirá que las autoridades actúen de manera más efectiva y que se compartan recursos y conocimientos entre diferentes niveles de gobierno. Esto no solo mejorará la respuesta institucional, sino que también fomentará una cultura de colaboración que es vital para combatir la extorsión de manera integral.
La extorsión es un delito que ha crecido en complejidad y en alcance, y la respuesta de las autoridades debe ser igualmente robusta y multifacética. La iniciativa de reforma presentada por Monreal es un paso importante hacia la creación de un marco legal que no solo sancione a los delincuentes, sino que también proteja a las víctimas y prevenga futuros delitos. La implementación de esta ley podría marcar un antes y un después en la lucha contra la extorsión en México, proporcionando un camino hacia una mayor seguridad y justicia para todos los ciudadanos.
En resumen, la propuesta de reforma de Morena representa un esfuerzo significativo para abordar uno de los problemas más apremiantes de la sociedad mexicana. La extorsión, al ser un delito que afecta a todos, requiere una respuesta coordinada y efectiva que no solo contemple la sanción, sino también la prevención y la atención a las víctimas. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la creación de un marco legal sólido son pasos fundamentales para combatir este flagelo que ha impactado profundamente la vida de millones de mexicanos.
