Las iniciativas presentadas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, han sido turnadas a comisiones para su análisis y dictaminación. Estas propuestas buscan endurecer las sanciones contra los franeleros, quienes ocupan de manera irregular espacios públicos para el estacionamiento de vehículos, y ampliar el plazo para que las alcaldías comprometan recursos del presupuesto participativo para el año 2025.
Las propuestas han generado un amplio debate en el Congreso capitalino, donde se han expresado diversas opiniones sobre su viabilidad y efectividad. La primera de estas iniciativas se centra en la modificación de la Ley de Cultura Cívica, con el objetivo de establecer infracciones especiales que garanticen la seguridad ciudadana en relación con la ocupación de la vía pública. Esta medida busca sancionar a quienes obstaculicen el uso de espacios públicos, ya sea mediante la exigencia de pagos por servicios de vigilancia o estacionamiento, o simplemente ocupando lugares de manera indebida.
### Endurecimiento de Sanciones a Franeleros
La propuesta de sanciones contempla arrestos inconmutables de entre 24 y 36 horas para aquellos que, utilizando cualquier objeto, aparten lugares de estacionamiento en la vía pública. Además, se prevé sancionar a quienes impidan el uso y goce de estos espacios, así como a aquellos que se aprovechen de la situación para obtener beneficios económicos. Esta medida ha sido recibida con críticas por parte de algunos sectores, quienes argumentan que la solución a este problema debe ser más integral y no solo punitiva.
Los franeleros, como se les conoce popularmente a quienes ofrecen servicios de estacionamiento en la vía pública, han existido en la Ciudad de México durante décadas. Sin embargo, su presencia ha generado conflictos y quejas entre los ciudadanos, quienes a menudo se ven obligados a pagar por un servicio que debería ser gratuito. La propuesta de Brugada busca regularizar esta situación y ofrecer una respuesta más contundente a las quejas de la ciudadanía.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Martha Ávila, defendió el turno de la iniciativa a las comisiones de Administración y Procuración de Justicia, argumentando que se trata de una reforma que aborda delitos relacionados con la ocupación del espacio público. Sin embargo, la oposición ha señalado que esta reforma no debería limitarse a modificar el Código Penal, sino que debe incluir un enfoque más amplio que contemple la regulación de la actividad de los franeleros y la creación de alternativas para el estacionamiento en la ciudad.
### Ampliación del Plazo para el Presupuesto Participativo
La segunda iniciativa presentada por Clara Brugada se refiere a la ampliación del plazo para que las alcaldías comprometan los recursos del presupuesto participativo para el año 2025. Actualmente, la fecha límite es el 15 de noviembre, pero la propuesta busca extender este plazo hasta el 15 de diciembre. La razón detrás de este cambio es que la consulta para el presupuesto participativo se ha visto retrasada debido a la elección judicial, lo que ha impedido que se realice en el tiempo habitual.
La consulta del presupuesto participativo es un proceso fundamental en el que los ciudadanos pueden decidir sobre el uso de recursos públicos en sus comunidades. La modificación del plazo busca garantizar que los ciudadanos tengan suficiente tiempo para participar en este proceso y que las alcaldías puedan comprometer los recursos de manera efectiva. La propuesta ha sido turnada a las comisiones unidas de Presupuesto y Participación Ciudadana, donde se espera que se analice y discuta en detalle.
Ambas iniciativas reflejan un esfuerzo por parte del gobierno capitalino para abordar problemáticas que afectan la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, también han suscitado críticas y preocupaciones sobre la efectividad de las medidas propuestas. La regulación de los franeleros y la gestión del presupuesto participativo son temas que requieren un enfoque integral y colaborativo, que contemple no solo la sanción, sino también la creación de alternativas y soluciones a largo plazo.
A medida que estas iniciativas avanzan en el proceso legislativo, será fundamental seguir de cerca su desarrollo y el impacto que puedan tener en la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad de México. La participación ciudadana y el diálogo entre el gobierno y la sociedad serán claves para lograr un equilibrio que beneficie a todos los sectores involucrados.
