El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha comenzado a recibir una serie de impugnaciones relacionadas con los resultados de la reciente elección judicial. Hasta el momento, se han presentado 50 Juicios de Inconformidad (JIN) que cuestionan los cómputos distritales y exigen recuentos de votos o la nulidad de la elección. Los candidatos que no lograron obtener un puesto han denunciado irregularidades, alegando que la votación fue influenciada por estrategias ilícitas, como la distribución de acordeones que orientaron el voto de los ciudadanos.
Las impugnaciones han sido presentadas por diversos candidatos, quienes argumentan que los resultados no reflejan la voluntad popular. Entre las quejas más comunes se encuentran errores en el cómputo de votos, la falta de claridad en la definición de votos nulos y la necesidad de recuentos en distritos donde la diferencia entre los candidatos es mínima. La situación ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en el proceso electoral, lo que ha llevado a los candidatos a buscar justicia a través de los mecanismos legales disponibles.
### Irregularidades en el Proceso Electoral
Uno de los casos más destacados es el de Hugo Abelardo Herrera Sámano, quien se postuló para ser magistrado de la Sala Regional Ciudad de México. Herrera Sámano, quien quedó en segundo lugar con 422 mil votos, ha denunciado que los resultados fueron manipulados a favor de su contrincante, José Luis Ceballos Daza, quien fue mencionado en los acordeones distribuidos antes de la elección. En su impugnación, Herrera Sámano solicita la nulidad de la elección o, en su defecto, un recuento de los votos, argumentando que los resultados se basaron en votos provenientes de casillas indebidamente integradas y errores en la contabilización.
Por otro lado, Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha presentado una impugnación. Martínez Valero fue la primera en solicitar un recuento de votos, pero su petición fue rechazada por el INE, que argumentó que no se contempló esta figura en la reforma judicial. La candidata, quien obtuvo solo el 0.5% de los votos, ha denunciado no solo errores en el cómputo, sino también violencia política de género, lo que añade una capa de complejidad a su queja.
Las impugnaciones no se limitan a un solo distrito o entidad; abarcan múltiples estados, incluyendo Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Esto refleja un descontento generalizado con el proceso electoral y la necesidad de una revisión exhaustiva de los resultados.
### El Rol del TEPJF y los Plazos Legales
El TEPJF tiene la responsabilidad de resolver estas impugnaciones en un plazo determinado. Según la ley, el Tribunal tiene hasta el 28 de agosto para desahogar todos los juicios relacionados con los resultados de la elección. Este plazo es crucial, ya que el Consejo General del INE declarará la validez de la elección y entregará constancias de mayoría en los próximos días. La presión está sobre el TEPJF para que actúe con rapidez y justicia, garantizando que los resultados reflejen la verdadera voluntad del electorado.
Hasta el momento, se han asignado los casos a diferentes magistrados del TEPJF, con un total de 26 asuntos a la ponencia de la magistrada Janine Otálora, y otros casos distribuidos entre sus colegas. La Sala Superior del Tribunal será la encargada de tener la última palabra sobre la validez de los resultados finales, lo que añade un nivel adicional de importancia a las decisiones que se tomen en los próximos días.
La situación actual pone de manifiesto la fragilidad del sistema electoral y la necesidad de reformas que aseguren la transparencia y la equidad en los procesos electorales. Las impugnaciones presentadas son un reflejo del descontento de los candidatos y de la ciudadanía en general, quienes demandan un proceso electoral justo y transparente. La resolución de estas impugnaciones no solo afectará a los candidatos involucrados, sino que también tendrá un impacto significativo en la confianza del público en el sistema electoral en su conjunto.
