Recientemente, un grupo de expertos y legisladores se reunió en un foro organizado por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados para discutir la iniciativa presidencial de Ley de Telecomunicaciones. Durante este evento, se expresaron serias preocupaciones sobre los posibles riesgos que esta legislación podría representar para la libertad de expresión en el país. La consejera de la asociación A Favor de lo Mejor, María Lizárraga Iriarte, fue una de las voces más críticas, señalando que las nuevas facultades que se planean otorgar a la Agencia de Transformación Digital podrían llevar a la suspensión de transmisiones bajo criterios que podrían considerarse arbitrarios. Lizárraga Iriarte argumentó que estas medidas son desproporcionadas y deberían aplicarse únicamente en situaciones específicas y justificadas. Además, destacó que la ley podría restringir el acceso de las audiencias a contenidos en el servicio público y en plataformas de televisión de paga, dejando de lado a quienes consumen contenido a través de plataformas digitales. Esto podría generar asimetrías en el sector y vacíos legales que afectarían a diversas audiencias.
Por su parte, Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación e Información Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, también expresó su preocupación. Cuestionó las atribuciones de la Agencia de Transformación Digital para frenar la difusión de noticias falsas y regular la información en los medios de comunicación. Ramos Sobarzo advirtió que la propuesta de la ley podría establecer un “vigilante” que controle las prácticas informativas, lo que podría resultar en una peligrosa confusión entre el hecho noticioso y la opinión. La discusión en el foro se centró en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la regulación de la información y la protección de la libertad de expresión, un derecho fundamental en cualquier democracia.
En el mismo foro, Luis Enrique Pereda, del Consejo Directivo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, enfatizó la importancia de la libertad de expresión en el contexto de la nueva legislación. Recordó que en México, informar puede ser más peligroso que en países en guerra, lo que hace aún más urgente la defensa de este derecho. La situación del periodismo en el país es crítica, y cualquier intento de regularlo debe ser cuidadosamente considerado para no poner en riesgo la libertad de los comunicadores.
Otro de los participantes, Juan de Dios Barba Nava, presidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex, advirtió que si se aprueba la legislación tal como está, podría haber sanciones debido a los compromisos que México ha adquirido bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige un órgano regulador independiente. Esta advertencia subraya la complejidad de la situación y la necesidad de un análisis profundo antes de avanzar con la legislación.
El legislador panista Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, hizo un llamado a sus colegas senadores de Morena para que escuchen las preocupaciones expresadas por los expertos durante el foro. Monraz subrayó el riesgo de que las opiniones de los especialistas queden ignoradas y reiteró su petición a la presidenta Claudia Sheinbaum para que retire la propuesta actual y presente una nueva iniciativa que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información. La presión para modificar la ley proviene no solo de los legisladores, sino también de la sociedad civil, que está cada vez más atenta a cómo se desarrollan estas discusiones.
El foro “Reforma de Telecomunicaciones: Desafíos y Oportunidades” se convirtió en un espacio crucial para el debate sobre la regulación de los medios y la protección de la libertad de expresión. A medida que avanza la discusión sobre la Ley de Telecomunicaciones, es fundamental que se tomen en cuenta las voces de quienes están en el campo, tanto desde el ámbito académico como desde la práctica profesional. La libertad de expresión es un pilar de la democracia y su defensa debe ser una prioridad en la formulación de cualquier política pública relacionada con los medios de comunicación.
La situación actual en México exige un enfoque que no solo contemple la regulación, sino que también respete y promueva la diversidad de voces y opiniones en el ámbito mediático. La discusión sobre la Ley de Telecomunicaciones es solo el comienzo de un debate más amplio sobre cómo se debe abordar la libertad de expresión en un mundo cada vez más digitalizado y complejo. Las decisiones que se tomen en este contexto tendrán un impacto duradero en el panorama mediático del país y en la capacidad de los ciudadanos para acceder a información veraz y plural.
