Una corte civil en Miami ha dictado una sentencia que condena al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar una multa de 2,488 millones de dólares. Esta decisión se produce tras la solicitud del gobierno mexicano de que fueran declarados culpables sin necesidad de un juicio, dado que ambos no comparecieron ante el tribunal ni a través de un representante legal. La jueza Lisa Walsh fue la encargada de emitir el fallo, que se basa en un esquema de contrataciones ilegales que se desarrolló durante el gobierno de García Luna.
La sentencia establece que García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que su esposa deberá pagar 1,740 millones de dólares. La corte determinó que Cristina Pereyra jugó un papel crucial en la transferencia y ocultamiento de activos obtenidos de manera ilícita. Según las acusaciones, bajo la dirección de García Luna, la familia Weinberg, de origen israelí, logró obtener 30 contratos con entidades de seguridad pública en México, lo que resultó en la extracción de más de 634 millones de dólares de las arcas nacionales. Estos fondos fueron supuestamente transferidos a paraísos fiscales y utilizados para adquirir propiedades y otros activos en el estado de Florida.
Los abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) argumentaron que la falta de respuesta de los acusados a la demanda inicial implicaba una admisión de los hechos. La UIF había presentado una demanda civil en septiembre de 2021 ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Condado de Miami-Dade, buscando la recuperación de activos relacionados con el caso. En este proceso, se aseguraron 19 propiedades vinculadas a García Luna y sus cómplices.
Desde 2012 hasta 2018, se alega que García Luna y sus asociados implementaron un esquema de contratación gubernamental que les permitió obtener al menos 250 millones de dólares del gobierno mexicano, los cuales fueron transferidos fuera del país hacia el condado de Miami-Dade. La UIF sostiene que García Luna recibió sobornos de la familia Weinberg desde 2006, lo que refuerza las acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos.
La jueza Walsh había dado un plazo hasta el 28 de abril para que las partes llegaran a un acuerdo o se iniciara un juicio. Sin embargo, la falta de comparecencia de García Luna y su esposa llevó a la corte a dictar sentencia en su contra. Otros co-demandados, como José Francisco Niembro González, exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante la gestión de García Luna, aceptaron pagar 330 mil dólares en reparación de daños, mientras que los empresarios Weinberg continúan negociando con la UIF.
Este caso civil es independiente del juicio penal que culminó con la condena de García Luna en octubre de 2024, donde fue sentenciado a 38 años y ocho meses de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. El juez Brian Cogan, quien presidió ese juicio, también impuso una sanción de 2 millones de dólares a García Luna. Actualmente, el exfuncionario cumple su condena en la penitenciaría del condado de Lee, en Virginia.
La situación de García Luna ha generado un gran interés mediático y ha puesto de relieve la corrupción en las altas esferas del gobierno mexicano. La magnitud de la sentencia y las acusaciones en su contra reflejan un problema sistémico que ha afectado a diversas administraciones en el país. La UIF ha estado trabajando activamente para recuperar los activos obtenidos de manera ilícita y ha intensificado sus esfuerzos para combatir la corrupción en el gobierno.
El caso de García Luna es un recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en la administración pública. A medida que se desarrollan los acontecimientos, se espera que más detalles sobre el esquema de corrupción y las implicaciones legales para otros involucrados salgan a la luz. La sociedad mexicana sigue atenta a los avances en este caso, que podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el país.
