En un contexto de creciente preocupación por el crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos ha identificado una nueva organización criminal que se dedica al tráfico de crudo robado en México. Esta actividad ilícita no solo afecta a la economía mexicana, sino que también tiene repercusiones significativas en el mercado energético de Estados Unidos. La colaboración entre cárteles mexicanos y esta nueva organización ha llevado a la implementación del Operativo Top Fuel, un esfuerzo conjunto para combatir el tráfico de drogas y el contrabando de petróleo.
La situación del huachicoleo ha evolucionado, convirtiéndose en un negocio lucrativo que involucra a varios cárteles, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. La Administración para el Control de Drogas (DEA) ha señalado que estas organizaciones están robando crudo de Pemex, la empresa estatal de petróleo de México, y luego lo están traficando hacia Estados Unidos. Este esquema no solo representa una pérdida significativa de ingresos fiscales para el gobierno mexicano, sino que también afecta a las empresas estadounidenses que dependen de un suministro estable de petróleo.
### Operativo Top Fuel: Un Enfoque Integral contra el Crimen Organizado
El Operativo Top Fuel, también conocido como Muerte Líquida, ha sido diseñado para abordar la amenaza que representan las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) que operan en la frontera entre México y Texas. Este operativo se centra en desmantelar las redes que facilitan el tráfico de metanfetamina, heroína y, más recientemente, crudo robado. Según la DEA, el informe de la Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas (NDTA) destaca que estas organizaciones están utilizando sofisticados métodos de lavado de dinero para encubrir sus actividades ilícitas.
El informe revela que el tráfico de crudo robado se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para los cárteles, lo que les permite financiar otras actividades criminales. Se estima que México pierde decenas de miles de millones de pesos anualmente debido a este fenómeno, mientras que las empresas estadounidenses también sufren pérdidas significativas debido a la disminución en las importaciones y exportaciones de petróleo.
La DEA ha comenzado a tomar medidas concretas contra los responsables de estas actividades. En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios individuos y empresas involucradas en el robo de combustible, incluyendo a un líder del CJNG. Este enfoque no solo se limita a los operativos en México, sino que también se extiende a las empresas estadounidenses que facilitan el tráfico de petróleo robado.
### La Familia Jensen: Un Caso Representativo del Contrabando de Petróleo
Uno de los casos más destacados en el marco del Operativo Top Fuel es el de la familia Jensen, que ha sido acusada de contrabando de petróleo robado de México. James L. Jensen y su esposa Kelly Anne, junto con sus hijos, son acusados de haber cruzado a Estados Unidos aproximadamente 300 millones de dólares en crudo entre mayo de 2022 y marzo de 2025. Lo que hace que este caso sea particularmente alarmante es el uso de declaraciones falsas, en las que el crudo era presentado como aceites lubricantes o destilados de petróleo.
La fiscalía ha señalado que la familia Jensen logró lavar al menos 47 millones de dólares, beneficiando a los cárteles mexicanos involucrados en el robo de hidrocarburos. Este tipo de operaciones subraya la complejidad del problema, donde las organizaciones criminales no solo roban, sino que también establecen redes de complicidad en el extranjero para facilitar sus actividades.
Las empresas que la familia Jensen utilizó para canalizar sus operaciones, como Arroyo Terminals y Big Hog Energy, son ejemplos de cómo el crimen organizado se infiltra en el sector empresarial legítimo. La interconexión entre las organizaciones criminales y las empresas estadounidenses resalta la necesidad de una colaboración más estrecha entre los gobiernos de ambos países para combatir este fenómeno.
El caso de la familia Jensen es solo un ejemplo de cómo el huachicoleo ha evolucionado en un problema transnacional que requiere una respuesta coordinada. La lucha contra el tráfico de crudo robado no solo es una cuestión de seguridad nacional para México y Estados Unidos, sino que también tiene implicaciones económicas significativas que afectan a ambos países. A medida que las autoridades continúan investigando y desmantelando estas redes, queda claro que el desafío del huachicoleo y el tráfico de petróleo robado es un problema que no se resolverá de la noche a la mañana, sino que requerirá un esfuerzo sostenido y coordinado en múltiples frentes.
